Principales aspectos de las políticas públicas de licenciamiento abierto

En un número anterior de Pillku escribimos sobre las bases conceptuales de las políticas de licenciamiento abierto. En este artículo profundizaremos en algunos de los principales puntos y desarrollaremos aspectos que hacen a la implementación exitosa de las políticas.

Las políticas estatales que derriban las restricciones de derecho de autor para el uso de materiales financiados con fondos públicos se denominan “políticas de licenciamiento abierto” o “políticas abiertas”. El objetivo de estas políticas es socializante, dado que las obras producidas bajo este régimen son en sentido estricto bienes comunes culturales, los cuales pueden ser disfrutados y usufructuados por todas las personas. Complementariamente, estas políticas eliminan la posibilidad de reprivatizar los bienes comunes producidos, a través de disposiciones que prohíben ejercer restricciones de derecho de autor sobre las copias, reediciones u obras derivadas.

Las políticas abiertas eliminan la posibilidad de reprivatizar los bienes comunes producidos.

Las políticas de licenciamiento abierto se aplican no sólo a los materiales producidos por funcionarios públicos y por personas o empresas especialmente contratadas por el Estado para la creación de materiales. También se extienden a los concursos, fondos y premios estatales, así como a todos los materiales que directa o indirectamente se crean con el dinero de subsidios del Estado. Del mismo modo, toda política de disponibilización de datos producidos por el Estado (imprescindible para garantizar el acceso a la información pública) debería basarse en los mismos principios.

En términos concretos, las políticas abiertas implican que en primer lugar las obras producidas o financiadas por el Estado se pongan a disposición en repositorios institucionales abiertos en Internet. Pero con esto no alcanza: es necesario también que a dichas obras disponibles en repositorios institucionales se les coloquen licencias de derecho de autor libres, las cuales permiten no sólo el acceso irrestricto sino también la reproducción, la redistribución, la adaptación, la traducción y la remezcla, entre otros derechos de la ciudadanía.

Las políticas abiertas implican que en primer lugar las obras producidas o financiadas por el Estado se pongan a disposición en repositorios institucionales abiertos en Internet.

Las políticas de licenciamiento abierto se oponen a otros dos tipos de políticas de derecho de autor sobre obras financiadas con fondos públicos:
a) aquellas políticas que permiten a los empleados o receptores de fondos reservarse todos los derechos;
b) aquellas políticas que exigen a los empleados o receptores de fondos una cesión total de derechos, quedándose la propia institución gubernamental con todos los derechos reservados.

Las políticas de licenciamiento abierto no implican una cesión de derechos y, por tal motivo, brindan ventajas al autor, dado que éste retiene el derecho de reutilizar su obra como quiera, lo cual no puede hacer cuando se lo obliga a ceder los derechos al Estado. Lo que evitan las políticas abiertas es que el autor se quede con la exclusividad sobre la obra, brindando en cambio a toda la ciudadanía la misma posibilidad que a él de reutilizar el material, siempre que se cite adecuadamente a su autor. Esto último es importante resaltarlo, dado que ninguna política de licenciamiento abierto habilita el plagio.

Lo que evitan las políticas abiertas es que el autor se quede con la exclusividad sobre la obra, brindando en cambio a toda la ciudadanía la misma posibilidad que a él de reutilizar el material.

Así como las políticas de licenciamiento abierto evitan que el autor de los materiales se apropie de los bienes comunes financiados por toda la ciudadanía, también evitan la apropiación privada por parte de la burocracia gubernamental. Los materiales culturales financiados con fondos públicos no necesitan ser protegidos de la difusión, la copia y la remezcla. Las instituciones gubernamentales no deberían arrogarse el monopolio sobre la difusión de la cultura ni sobre los nuevos significados que la ciudadanía construye a partir de materiales existentes. Deberían ser difusoras, y no guardianas, de los símbolos culturales. Por lo tanto, nada hay más lejano de su función que ejercer una exclusividad de derecho de autor. Las políticas de licenciamiento abierto atacan este peligro, liberando los derechos a toda la ciudadanía, y permitiendo así una verdadera socialización de los materiales educativos, científicos, culturales y artísticos.

Las licencias de derecho de autor Creative Commons son el estándar internacional para tal fin. En el caso que nos atañe, las Creative Commons son preferibles a las “licencias país” o a licencias redactadas ad hoc, dado que:

a) sus términos son comprensibles en todo el mundo, debido a que están traducidas a decenas de idiomas;
b) su redacción fue cuidada para adecuarse a las legislaciones de los distintos países, y;
c) brindan acceso a un ecosistema ya existente de millones de obras publicadas bajo dichas licencias, facilitando la remezcla de tales materiales.

Es importante considerar que sólo dos de las licencias Creative Commons permiten a la ciudadanía ejercer todos sus derechos sobre las obras: nos referimos a la licencia Atribución y a la licencia Atribución – Compartir Igual. Y de estas dos licencias, únicamente la segunda (Atribución – Compartir Igual) asegura que las obras derivadas seguirán brindando los mismos derechos y libertades, dado que exige a quienes modifican la obra, que tales modificaciones sean publicadas bajo la misma licencia. Es por esto que cualquier política pública de apertura de materiales debería utilizar la licencia Creative Commons Atribución – Compartir Igual, compatible asimismo con el principio de copyleft desarrollado en el ámbito del software libre.

La implementación de las políticas de licenciamiento abierto no ocurre automáticamente tras el anuncio de la decisión política, sino que requiere un conjunto de medidas, entre las cuales se encuentran la redacción y aprobación de resoluciones administrativas, la redacción de contratos, la capacitación de los funcionarios así como de los receptores de fondos, la creación de repositorios institucionales y la articulación entre distintas áreas del Estado. Estas medidas requieren de una sólida voluntad política, que destine recursos a su ejecución. Para facilitar este proceso, la organización Creative Commons redactó este año un documento que da cuenta de las distintas etapas que requiere la implementación exitosa de una política de licenciamiento abierto. Estos pasos van desde la identificación de los materiales sujetos a derecho de autor que produce cada institución, pasando por los modelos de resoluciones y contratos, hasta la correcta puesta a disposición de los materiales y la difusión de los mismos.

Sin dudas, el documento sobre políticas de licenciamiento abierto de Creative Commons sirve para dimensionar adecuadamente el esfuerzo necesario para implementar una política de este tipo. En tal sentido, puede ayudar a evitar experiencias fallidas o pasos en falso, los cuales suelen atentar a largo plazo contra el objetivo principal de socializar la cultura.

En conclusión, las políticas de licenciamiento abierto amplían derechos culturales y socializan el conocimiento financiado por toda la ciudadanía. Estas políticas dan como resultado la creación de verdaderos bienes comunes culturales, en contraposición a la apropiación privada que permiten las políticas tradicionales (o, más bien, la falta de ellas) de derecho de autor sobre las obras financiadas con fondos públicos. Para una implementación exitosa no alcanza con una visión política progresista y socializante, sino que hace falta direccionar recursos, articular actores y transformar prácticas institucionales.