Sopa Criolla o el duro camino a la regulación de los ISP

En un post anterior, hablando de la libertad de internet en el Perú y de los intentos de restringirla, comentamos tangencialmente sobre el proyecto conocido como #sopacriolla, una iniciativa del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) supuestamente para reunir aportes a la construcción de una norma sobre derecho de autor y responsabilidad de los ISP (Proveedores de Internet). Hasta ahí todo bien, salvo por las dudas respecto a qué tan vinculante podría ser el producto final de ese proceso con respecto al proyecto de ley real.

El periodista Bruno Ortíz de Vida y Futuro se ocupó del tema y conversó al respecto con Erick Iriarte, el abogado a cargo de la iniciativa, quien manifestó: “En tres meses, el Gobierno planea tener lista una propuesta legal que permita determinar si los operadores de telecomunicaciones son o no responsables de la piratería online. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha iniciado el proceso de elaboración de una norma que determine los niveles de responsabilidad de los operadores de telecomunicaciones y los gestores de contenido (Google, Yahoo, etc.) por la difusión de piratería en Internet,[…] La idea de crear el texto a partir de una convocatoria pública de opiniones, detalló, es no tener un proyecto como el que se propuso en el Congreso de Estados Unidos (Ley SOPA, es decir Stop Online Piracy Act)”

Sin embargo, a los pocos días dicha web estaba fuera de servicio, incluyendo cuentas en redes sociales creadas como soporte. Todo en medio de imputaciones, tanto en medios masivos como en internet, de que la iniciativa era en realidad el pretexto para querer implantar en el Perú una ley al estilo de la conocida ley norteamericana SOPA, con toda la mala imagen que esto conlleva. La escasa difusión y el difícil horario (8am) que acompañó al cronograma de talleres propuesto para recoger las opiniones del público también llevó a que se haga una petición online al MINCETUR solicitando mayor transparencia en este proceso.

Desde su blog Chillinfart lanzó sus dudas sobre la forma en que el MINCETUR manejó esta propuesta: “seamos malpensados, esto pasa a un día de la primera charla sobre la regulación a los proveedores de internet que sugirió el MINCETUR en esa página. ¿Qué pensaban ocultar? […] ¿Con qué autoridad moral un ministerio piensa hablar de propiedad intelectual cuando desoyó los reclamos al respecto en el TLC [Tratado de Libre Comercio] con la Unión Europea antes de su firma? Y esto sumado a la censura que dio ese ministerio contra sus propias críticas al TPPA, vemos para donde camina el MINCETUR y con quienes piensa reunirse en esas charlas”.

El profesor Eduardo Villanueva va un poco más allá y trata de explicar y evidenciar lo que hay detrás de la relación entre el estado y las empresas de telecomunicación en el contexto de los derechos de autor: “En el caso de las industrias culturales, el problema principal es que varios estados han optado por tragarse una narrativa falaz sobre protección de los creadores intelectuales a cambio de garantizar modelos de negocios obsoletos. […] Sin embargo, hay una transacción de por medio. […] Efectivamente, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos pueden ser protegidas de distintas maneras a cambio de ser agentes privados de la vigilancia estatal”.

Miguel Morachimo escribió en Blawyer tratando de precisar lo que este proyecto pretende introducir en la legislación peruana respecto a los ISPs bajo el marco del TLC: “Lo que hay que hacer es incorporar un sistema que señale en qué casos los que provean servicios de Internet (como empresas de telecomunicaciones) o de Internet (como cualquier página web con contenido generado por usuarios) son responsables por las infracciones a los derechos de autor que comenten sus usuarios. Es decir, se trata regular mecanismos de notificación y bajada de contenidos (notice and takedown) similares a los que tienen la mayoría de páginas web. Estos mecanismos permiten a los titulares afectados solicitar que se retire el contenido de la página. En varios casos, si los propietarios de la página reciben estas solicitudes y no lo hacen serán considerados como responsables de la infracción”.

Mientras tanto se dieron inicio a las reuniones, o talleres programados para los meses de noviembre y diciembre, a fin de recabar las opiniones, sugerencias o cuestionamientos, tanto de las instituciones como de los particulares interesados. Luego de realizado el segundo taller, su organizador, el abogado Erick Iriarte comentó en Facebook sobre las inquietudes que se iban recogiendo: “desde el modelo de aplicación, hasta temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la cultura, privacidad, protección de datos, debido proceso, sumado a integridad de la red, aumentado con temas de no monitoreo ni control previo. Hoy sumaron también los temas sobre en cual “capa” se actuará; costos de transacción (quién los debe asumir), responsabilidad directa/indirecta/compartida”.

A pesar de las limitaciones mencionadas, algunos blogueros asistieron a estos talleres, mencionando entre otras cosas el poco “quorum” que vieron. Por ejemplo Miguel Morachimo escribió sobre su participación en Hiperderecho. Chillinfart posteó sus opiniones en Chillinfart la sesión a la que fue (audio acá), en la que coincidió con un representante de la empresa de telecomunicaciones Claro: “de hecho, la posición de Claro es de preocupación: Si esta regulación va sí o sí, estas deberían ir mediante una notificación judicial, sin otra vía administrativa. De otra manera, se permitirá el abuso de la misma contra el ISP, peor si la cosa no es previa sentencia (si no se hace mediante el poder judicial), pudiendo prestarse para chantajes a la americana”.

Sin embargo algunas objeciones al proceso de consulta en sí han sido realizadas también vía Facebook. Por ejemplo el usuario Javier Hayashi entre varios puntos señala: “¿Quién decidió este tipo de consulta así de abierta e informal? ¿Por qué? ¿Piensa qué es la mejor manera de hacerlo? Cuál es el fin exacto de esta consulta? Recoger opiniones es importante, pero luego qué harán con ellas? […] Por el lado de gobernanza están muy mal y esto tiene la pinta de ser una simple fachada para decisiones que ya están (casi) tomadas. El mero hecho de que participe gente para darle un aire de legitimidad a lo que hace es peor que no llamarla”.

Para contar con información de primera mano al respecto buscamos a Erick Iriarte, y aunque en un primer momento dijo que oficialmente no podía declarar sobre el encargo que le ha confiado MINCETUR, finalmente pudimos hablar al respecto: “Faltan aún algunos meses para que se entregue el producto final de este proceso. Viendo el debate y posiciones encontradas que ha generado es poco probable que satisfaga a todos, pero a pesar de eso se hace necesario más debate y participación”.

Cabría esperar también mayor interés del visto hasta ahora por parte de la sociedad civil y empresas dedicadas a la creación de contenido para la red. Y es que el tema puede ser complicado para la gran mayoría, pero la ley que espera al final de esto afectará a todos los usuarios de internet en el país.

Para terminar, una cita propio Iriarte en enero de este año, en un debate sobre derechos de autor, internet libre, y SOPA:

“Son los usuarios de a pie, los creadores diarios de contenidos (incluyendo sus status en facebook, o sus tweets, sus canciones, sus poemas, sus textos, sus posts, sus comentarios, toda forma de expresión humana) los que habrán de primar”.