Reflexión a partir del documento “La nueva revolución digital de la Internet del consumo a la Internet de la producción”

El ingeniero Gordon E. Moore (quien luego fuera cofundador de Intel) hizo una observación a mediados de los años 60, en la que planteaba que la cantidad de transistores en un procesador se duplicaría cada año con la implicación de que el costo de cada procesador se reduciría a un ritmo similar. Esta observación se conoce como la “Ley de Moore“ y en términos generales aún sigue vigente como se puede corroborar con los precios actuales del equipo computacional (teléfono celular) y los dispositivos que permiten la creación de redes de transmisión de datos.

Las posibilidades que se generan a partir de la interconexión de computadoras han sido exploradas desde que el acceso a Internet se masificó a partir de los años 90’s, generando importantes modificaciones a los modelos sociales y económicos establecidos. Así por ejemplo lo hemos visto en los sistemas de comunicación, procesos de investigación, aplicaciones comerciales, atención de emergencias, acceso al conocimiento y posibilidades de expresión.

Las actuales tecnologías digitales han permitido cambios en los procesos productivos, agregando valor digital a los productos. El desarrollo de la computación en la nube, la potenciación de la analítica de grandes datos (Big Data) y el avance del Internet de las cosas —principalmente en China, Alemania y EEUU— despiertan una gran expectativa por el eventual impacto en la región latinoamericana, aunque nuestra realidad aún tiene otros retos importantes por resolver.

En América Latina entre los años 2003 y 2012 vivimos una serie de procesos marcados por una época de bienestar social y bonanza económica que le permitió a 82 millones de habitantes pasar de vivir en una situación de pobreza a formar parte de la clase media, y si bien nuestra región no es productora de equipos electrónicos los precios alcanzan niveles accesibles para la gran mayoría de nuestra población. El acceso a Internet ha sido un tema atendido por medio de la generación de políticas en los distintos países, y así para el año 2014 nuestra región registró 320 millones de usuarios únicos de telefonía móvil, un poco más de la mitad los 600 millones de habitantes. En cuanto al acceso al Internet existen grandes brechas entre los países, y a la interna de los mismos entre la zona urbana y la rural, situación que acentúa las diferencias de acceso a servicios públicos que ya de por si existían y que seguramente requerirán de políticas públicas más contundentes, pues hasta ahora la tendencia ha sido resolver la necesidad de acceso a Internet con “plegarias” a operadores privados, creando de paso una situación de dependencia.

A pesar de las tendencias en cuanto al uso de las tecnologías digitales a nivel global, la dinámica de uso de Internet en Latinoamérica aún se mantiene dentro de lo denominado como “Internet del Consumo”[1], es decir las estructuras productivas de la región aún no obtienen un provecho destacable del acceso a Internet. Por el contrario, nuestra región centra el acceso a Internet en el uso de redes sociales (somos la región que hace un uso más intensivo) y el acceso a videos, que en 2014 consumieron el 61% tráfico de la red y se proyecta que para el 2019 lleguen al 82%.

Según el documento de la CEPAL, los debates sobre políticas más importantes para nuestra región versan sobre regulaciones, estándares, neutralidad de la red y el establecimiento de un mercado regional único. En las políticas regulatorias se incluyen aspectos como la necesidad de abordar la seguridad, privacidad, protección de datos y protección al consumidor; sin embargo el enfoque del documento se orienta hacia la generación de confianza entre los potenciales participantes de la economía digital (empresas e individuos) lo cual implica modelos que refuercen las restricciones a los usuarios con leyes más fuertes de derechos de autor y software de gestión de derechos digitales (DRM). Además, no se incluyen entre estas regulaciones políticas que permitan a los gobiernos limitar la obtención y análisis de los datos por parte de las redes sociales privativas. Adicionalmente la región latinoamericana tiene que resolver el reto de cómo generar datos para fines públicos cuyo análisis permita mejorar la calidad de vida y esto va más allá de obtener datos de las redes sociales mediante convenios o acuerdos con esas empresas, pues implica también mantener un adecuado equilibrio con el respeto a la privacidad.

Según el documento de la CEPAL, los debates sobre políticas más importantes para nuestra región versan sobre regulaciones, estándares, neutralidad de la red y el establecimiento de un mercado regional único.

El establecimiento de estándares para desarrollar y aprovechar el Internet Industrial (Internet de las Cosas) es otro de los debates de políticas planteados en el documento. Sin embargo, este parece ser un debate meramente ornamental, pues si bien hay claridad en que ésta definición debe garantizar la interoperabilidad de software, formato de datos y protocolos de conectividad, el documento no ofrece posturas en favor del uso de estándares abiertos/libres sino que más bien se proyectan como opciones las propuestas de EEUU, Alemania y China.

Desde mi punto de vista, optar por cualquiera de estos estándares (y no posicionarse por uno libre) implica que, en el contexto del Internet de las Cosas si suponemos que adoptamos el estándar de los EEUU, entonces cuando compramos una refrigeradora que posee una computadora y un software privativo programado en ella, que utiliza un estándar cerrado de comunicación entre máquinas, al colocarla en nuestra casa y conectarla a Internet, esa refrigeradora General Electric se enterará de cada vez que saquemos una Coca-Cola, le avisará a Walmart, quien nos enviará vía FedEx hasta la casa otro refresco. Si por el contrario adoptamos el estándar alemán entonces no será FedEx sino DHL, no Wallmart sino Lidl y así. En resumen, cualquier que sea el estándar privativo, garantizaría una vida fácil, cómoda, automatizada y con toda certeza la destrucción del comerciante local.

Con respecto a la neutralidad de la red, en términos generales parece haber consensos importantes sobre la necesidad de mantener el acceso a Internet de forma libre y transparente, sin embargo, quedan pendientes algunas diferencias por resolver en cuanto a si se deben otorgar o no potestades a los proveedores de servicio para discriminación del tráfico de los usuarios (por ejemplo dar acceso preferencial a transmisión de video). Brasil en 2014 y Chile en 2010 han definido normativas sobre el principio de neutralidad de la Red pero los otros países de la región aún no establecen con claridad políticas al respecto.

Finalmente, la ambiciosa idea de establecer un mercado digital único para la región pareciera ser una utopía tomando en cuenta las dificultades que enfrentan nuestros países para integrarse. Sin embargo, a manera de propuesta sería interesante, principalmente para los países pequeños que ven difícil negociar posturas con transnacionales digitales que son más grandes que el Estado mismo que las quiere regular. Un ejemplo de regulación proteccionista sería una que evite que empresas generen ganancias en América Latina (Google, Facebook, Twitter, Netflix, Uber) y los tributos se paguen en Estado Unidos.

En el contexto de los cambios tecnológicos actuales nuestra región no posee las condiciones de infraestructura para competir con los países que están desarrollando los estándares y la tecnología de punta.

A manera de colofón, en el contexto de los cambios tecnológicos actuales (Internet en la nube, analítica de grandes datos, Internet de las Cosas) nuestra región no posee las condiciones de infraestructura para competir con los países que están desarrollando los estándares y la tecnología de punta. Esta situación no necesariamente debe ser sentenciada con un juicio de valor negativo o positivo; es simplemente nuestra realidad.

Los debates de políticas que existen en la región deben tomar posturas que no aumenten las brechas de desigualdad digital existentes en nuestra región y las políticas deberían buscar alternativas innovadoras que eviten la dependencia con proveedores y generadores de contenido privados. Es de vital importancia la consolidación de los procesos de adopción de políticas en favor del software y hardware libre, así como estándares de comunicación y datos abiertos —gran ausente del documento en cuestión— pues de esa forma serán priorizadas las nuevas tecnologías de las que nos podremos apropiar y adaptar a nuestra necesidades. Es preocupante que en un documento de posición presentado en una conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, no mencione temas como software libre, cultura libre o soberanía tecnológica.

Nota:

¹Un término más apropiado a la perspectiva del artículo sería “Internet del Acceso”.

Bibliografía

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2015. La nueva revolución digital: Del
Internet del consumo a la Internet de la producción. Disponible en http://repositorio.cepal.org/handle/11362/38604