Internet y la aplicación de filtrados: el debate en la Unión Europea

Hace unas semanas atrás, la siempre latente polémica sobre la neutralidad de la red saltó a las noticias de los diarios cuando la compañía Free bloqueó la publicidad de servicios que circulaba por Freebox. En principio, esto desató la furia de los proveedores de contenidos de internet que dependen de la publicidad para brindar contenido gratuito a los consumidores. En otras palabras, el omnipresente Google. La decisión del Free de bloquear por defecto las publicidades suscitó grandes inquietudes en materia de interés público porque combinaban al mismo tiempo un alcance largo (alcanzando todas las publicidades sin excepción) y la percepción de una reversibilidad difícil para los usuarios.

Para algunos, la confrontación entre estos dos gigantes de la internet resultó útil en tanto reavivó un debate sobre el principio fundador de la red y las comunicaciones electrónicas, y puso en el centro de la agenda mediática la discriminación y filtro entre emisor y destinatario. La comisaria de la Comisión Europea encargada del área de Agenda Digital, Neelie Kroes, opinó que los proveedores de acceso a internet pueden hacer lo que quieran mientras lo hagan de manera transparente para los consumidores, bajo el riesgo de hacer surgir una internet diferenciada, rápida, rica, vasta y segura para los ricos, y lento e incompleto para los pobre. Para Kroes, la polémica sobre la neutralidad de la red ilustra la complejidad de la economía y de internet, y el equilibrio frágil entre elección y facilidad de uso, transparencia y control efectivo. En definitiva, la marcada tensión entre comercio e interés público.

Subiendo la apuesta, en un artículo publicado en Libération, Kroes propone que los servicios de internet deberían regirse por un principio básico por el cual los consumidores deberían ser libres de hacer verdaderas elecciones en cuanto al abono de internet que contratan. “Los contratos estándares y los parámetros por defecto de los servicios de internet pueden ser prácticos y eficaces, pero están sometidos a los límites del interés público, sea por la legislación general sobre protección de consumidores o en reglamentos específicos. Por ejemplo, los consumidores tienen derecho, cuando navegan, de elegir si quieren utilizar cookies, que dejan la pista sobre su utilización de internet. Deberían también entender el costo y las ventajas de su elección”, señala hábilmente Kroes, alineada con la fracción más liberal de la Comisión.

Esto abre la puerta, sin embargo, a una segregación de la oferta de acuerdo, también, a las posibilidades económicas del consumidor. De esa forma, los servicios de internet podrían proponer ofertas de internet limitadas, más diferenciadas, por un precio eventualmente más bajo.

Lo que se pone en discusión, según Kroes, es en todo caso el interés público en contraposición a la economía online. Así como existe un interés público claro en que los padres cuenten con herramientas más eficaces para controlar el material al que pueden acceder sus hijos, o la mayoría preferiría no recibir tanta publicidad, lo cierto es que no parece una buena elección dejar en manos de oscuros parámetros por defecto esas selecciones. El control efectivo a manos de los consumidores resulta, en todo caso, parte de la solución. Pero para que el control de los propios consumidores sea real y valedero, estos tienen que contar con la información necesaria. Eso no significa, aclara Kroes, que el contrato de los IS deba contar con una centena más de páginas a leer antes de contratar el servicio: “La Comisión alienta desde hace un tiempo al sector de la publicidad a trabajar de forma que se proponga una elección clara a los usuarios sobre lo que concierne a las cookies, sobre la base de informaciones concisas y sencillas. Colabora también con una gran variedad de actores online para elaborar una norma ‘Do not track’, para que los consumidores que hagan esa elección puedan estar seguros que será respetada”.

La confidencialidad tiene un valor elevado y eso hace que nos choquen menos los parámetros restrictivos por defecto que los parámetros totalmente abiertos, en particular los que tienen que ver con usuarios vulnerables como los niños. Pero, por otro lado, el valor que tiene un internet abierto debería llevarnos a favorecer la instalación de controles parentales pero no su activación por defecto, para no limitar involuntariamente el acceso a internet a numerosos usuarios adultos, en la práctica. En ese caso, se debe apostar sin lugar a dudas a dar una elección verdadera a los padres, con herramientas bien visibles, de fácil manejo y la información necesaria para utilizarlas.

Respecto de la neutralidad de la red, Kroes opina que los consumidores deben tener una elección efectiva del tipo de abono a internet al cual se suscriben, es decir, que el lenguaje sea claro y no técnico, que figuren las velocidades efectivas en condiciones normales y toda restricción impuesta al tráfico, así como una opción realista que permita pasar a un servicio completo, desprovisto de esas restricciones, en cualquier momento. “Numerosos operadores web pequeños existen gracias a modelos publicitarios innovadores. Los consumidores tienen diversas formas de pagar para acceder a contenidos, especialmente mirando publicidades antes y durante el acceso. Las empresas deberían admitir que diferentes consumidores posean diferentes preferencias y concebir sus servicios en consecuencia”. Tal vez con demasiada esperanza, Kroes supone que tal elección debería estimular la innovación y la inversión por parte de los proveedores de internet.

Colaboración: Isabel Hojman