Revista Pillku

Procomún y Cultura Libre
América Latina
ISSN 2215-3195

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Uruguay

Para impulsar el Software Libre: educación, educación, educación.

Uruguay aprobó a fines de 2013 la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos en el Estado. El Centro de Estudios de Software Libre (CESoL) fue una de las organizaciones sociales más activas en la consecución de este logro. En esta nota los y las entrevistamos para conocer más sobre la ley, evaluar los resultados obtenidos y enterarnos de cómo sigue la lucha por la libertad y la soberanía tecnológica en ese país.

Software libre

Pillku: La ley uruguaya de Software Libre y formatos abiertos en el Estado es una propuesta legislativa cuyo proceso llevó unos 10 años. ¿Qué factores piensan que terminaron inclinando la balanza para que finalmente se aprobara la ley en diciembre de 2013?

CESoL: Es difícil conjugar los intereses de la importante industria del software uruguaya (que durante este período pasó de estado embriónico al de madurez) con los intereses del Estado. Los primeros borradores de la ley eran tímidos y no generaban mucho entusiasmo, y por lo tanto los legisladores no actuaron, mientras que las cámaras empresariales se opusieron en todo momento. Al final hubo un mayor apoyo de la sociedad civil, y razones menos convincentes por parte de la industria.

P: ¿Qué aspectos de la ley son los más destacables, y cuáles piensan que son mejorables?

C: La ley abarca básicamente tres temas: la obligación para el Estado del uso de formatos abiertos para la comunicación con la gente, la preferencia en el uso y desarrollo del Software Libre y la voluntad de que se promueva en la enseñanza el Software Libre. Si uno se propone como meta la libertad de conocimiento, la soberanía del Estado en cuanto a sus procesos y el uso adecuado de los recursos económicos del Estado, la ley es un buen comienzo pero un producto incompleto. El corazón de la ley son unos pocos párrafos. Un tema de esta naturaleza requiere más detalle legislativo y un organismo de contralor.

La ley abarca básicamente tres temas: la obligación para el Estado del uso de formatos abiertos para la comunicación con la gente, la preferencia en el uso y desarrollo del Software Libre y la voluntad de que se promueva en la enseñanza el Software Libre.

P: ¿Qué cuestiones debería abordar la reglamentación de la ley, que se encuentra aún pendiente?

C: Esperamos que aborde precisamente los puntos del contralor, la justificación de excepciones, los métodos de ponderación de preferencias del Software Libre, plazos, penas por incumplimiento, etcétera. En Uruguay nos hemos acostumbrado a que el detalle de las leyes lo provea el decreto de reglamentación del Poder Ejecutivo, pero al hacerlo se resignan potestades legislativas.

P: La experiencia en otros países indica que las leyes de Software Libre son buenos instrumentos pero no alcanzan por sí solas para que el Estado adopte plenamente este tipo de software. ¿Cuál es la estrategia del movimiento de Software Libre uruguayo para alcanzar el objetivo?

C: Parte del problema es que la introducción del Software Libre obliga a que existan lo que llamamos las “contrapartes fuertes” dentro del Estado, cuando por mucho tiempo se promovió justamente lo contrario y allí campearon los “movedores de cajas y de soluciones” que proponían los proveedores. Es necesario cambiar esto, y es la parte difícil. Nuestra estrategia es colaborar para educar a los funcionarios del Estado a cargo de la planificación y ejecución de procesos informáticos acerca de la ley. Contamos con simpatizantes en muchos grupos de TI en el Estado, y tratamos de impulsarlos a actuar amparados en la ley.

P: En momentos en que el tema de la seguridad informática de los estados y de los datos de sus ciudadanos cobró mayor notoriedad pública, ¿qué herramientas además del uso del Software Libre deben implementarse para garantizar la privacidad de los ciudadanos y la soberanía de los estados?

C: En discusiones internas llegamos al consenso de que debemos basarnos en dos principios: los derechos de las personas en el uso de la Internet (algo que Brasil legisló recientemente) y la acción del Estado (como el decreto uruguayo 92/2014, de Ciberseguridad) evitando que los servicios institucionales estén en la “nube” en servidores sitos fuera de la jurisdicción de nuestras leyes. La combinación de ambas cosas nos puede dar mejores garantías de seguridad, privacidad y libertad.

P: Más allá de la implementación plena del software libre y los formatos abiertos en el Estado, ¿qué otras políticas y acciones pueden servir para impulsar el Software Libre en Uruguay?

C: Repitiendo lo que una vez dijo el presidente Mujica: Educación, educación, educación. El principal problema que tenemos es la falta de gente capacitada en hacer desarrollos nativos usando herramientas de software libre. La educación superior se ha orientado al “mercado”, que no es otra cosa que lo que conviene a las multinacionales. Creemos que, atendiendo al Art. 3 de la Ley 19.179 se debe profundizar en la capacitación de nuestros jóvenes dentro del sistema educativo, y además profundizar los conocimientos que deben tener los funcionarios que trabajan en esta cuestión, desde las áreas de Compras hasta las de Desarrollo, pasando por una toma de conciencia del tema. Como antes las empresas de informática, que en general estuvieron subvencionadas por el Estado, una política de incentivos para las empresas que trabajen en Software Libre sería muy conveniente.

Última modificación: 24 de noviembre de 2014 a las 17:23