Acción ciudadana, una ley, ninguna reglamentación

Esta ley nunca tuvo su correspondiente reglamentación, lo que ha generado serios inconvenientes para lograr su efectivo cumplimiento aún tras cuatro años de estar vigente.

Al momento de su aprobación, la Ley Provincial de Software Libre de Santa Fe (Ley SL Santa Fe) representó un gran avance en el camino hacia la soberanía tecnológica y la transparencia en los organismos del estado. Por la forma en que se encuentra redactada, la ley reordena los modos en que se vinculan el Estado Provincial, la ciudadanía y el desarrollo local, con beneficios para todos estos sectores que el software privativo con sus lógicas no posibilitaría.

A medida que fue pasando el tiempo, varios colectivos sociales se organizaron y comenzaron a realizar diferentes actividades para exigir que se reglamente esta ley.

Una de las primeras acciones fue realizar un estudio detallado del corpus de esta reglamentación provincial, que luego sintetizarían y compartirían en un lenguaje más accesible y menos “técnico” a través de un portal web. Este portal no sólo se centraría en la problemática de la ley de Software Libre, sino que pretende constituir un Observatorio de Cultura Libre, teniendo en cuenta que es ése el paradigma que sostienen y fomentan los colectivos que forman parte de las actividades.

A continuación, realicé una selección de aspectos que me parecen fundamentales para entender por qué estas legislaciones son importantes y por qué coincido totalmente en que es necesaria su reglamentación. Se trata de pequeños extractos de una cartilla explicativa que recomiendo que vean completa, además de todos los recursos que están disponibles en el portal del Observatorio.

Pisando fuerte: La relación Estado-Ciudadanía-Desarrollo Local

Empezando con los aspectos que mejorarían para la administración pública y organismos del estado provincial, se encuentra en principio la reducción de las erogaciones en materia de licencias. Esto no supone solamente un beneficio por el “ahorro” de recursos, sino que posibilitaría además la reinversión en otros espacios como el Laboratorio de Software Libre (exigencia de la ley) que serviría para investigar los productos que se ofrezcan para cumplir con los requerimientos que tiene el estado. Esta instancia marcaría un cambio en materia de control sobre las compras y contrataciones por parte de la administración pública: los criterios para las licitaciones no serían los tradicionales que impone el mercado, sino que contaría además con un criterio basado en las necesidades reales y las condiciones mínimas de calidad, seguridad y libertad en las herramientas adquiridas.

Esto se vincula directamente con las nuevas formas de ciudadanía: son cada vez más los colectivos y comunidades que progresivamente buscan incidir sobre la toma de decisiones del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos. La implementación de software libre en el ámbito de la administración pública hace que los ciudadanos tengan conocimiento sobre las herramientas que utiliza el Estado y por lo tanto exista mayor transparencia en el manejo de la información y de los datos, sobre todo los referidos a las inversiones, compras y contrataciones con fondos públicos.

La implementación de software libre en el ámbito de la administración pública hace que los ciudadanos tengan conocimiento sobre las herramientas que utiliza el Estado y por lo tanto exista mayor transparencia en el manejo de la información y de los datos.

Considerar que el aparato burocrático del estado provincial deba utilizar herramientas libres, es también comprometerse con el desarrollo local de software libre: quiere decir que el propio Estado se compromete a fomentar todas aquellas formas de producción que se basen en formas de licenciamiento abiertas, sin restricciones ni limitaciones de las libertades fundamentales que asegura el software libre.

El papel del Estado: auto-regulación y cambio cultural

Pero quizás hay dos cuestiones fundamentales que hacen de esta ley un instrumento muy importante que necesita ser reglamentado a la brevedad y también un gran potencial para el cambio cultural: por un lado, el diseño de la norma y los alcances de la misma se refieren al propio Estado en su aspecto burocrático-administrativo. Es decir: no se trata de una ley que directa o indirectamente afecte algo “externo” al Estado, sino que se afecta y se regula a sí mismo, exigiendo cambios para su propia estructura que promueven valores como la transparencia y la soberanía tecnológica.

Por otro lado, la ley explicita la necesidad de generar planes de capacitación en todos los niveles de la educación pública para fomentar y generar los saberes propios y específicos que de ahora en más se requieren para el uso de las herramientas libres.

No se trata de una ley que directa o indirectamente afecte algo “externo” al Estado, sino que se afecta y se regula a sí mismo, exigiendo cambios para su propia estructura que promueven valores como la transparencia y la soberanía tecnológica.

Si bien este es uno de los puntos débiles de la normativa (no describe muy bien cómo, o bajo cuáles criterios y responsabilidades se desarrollaría este plan), quizá de manera involuntaria la efectiva reglamentación e implementación progresiva de los cambios que supone en materia tecnológica afectarían de manera simultánea aspectos de la cultura ciudadana donde quede en evidencia que lo instrumental es político, que el diseño de las herramientas no es “inocente” y que tener verdadero control para ofrecer seguridad y a la vez transparencia es posible si se empieza por discutir sobre la técnica.

Además de mi completa convicción sobre las cualidades superadoras y emancipatorias del Software Libre, estos dos aspectos de la ley me parecen más que suficientes para entender que debe ser reglamentada a la brevedad, no sólo porque así lo exige el correcto desempeño del aparato estatal, sino porque de otra manera sólo constituye una manifestación de intenciones que no llegarían a tener el impacto que supone la adopción de esta normativa.

En materia tecnológica afectarían de manera simultánea aspectos de la cultura ciudadana donde quede en evidencia que lo instrumental es político, que el diseño de las herramientas no es “inocente” y que tener verdadero control para ofrecer seguridad y a la vez transparencia es posible si se empieza por discutir sobre la técnica.

A todo esto, se suma una cualidad que – lamentablemente – poseen quizá la minoría de los proyectos legislativos que habitualmente se presentan: ha sido el fruto de la discusión entre múltiples actores como profesionales del sector tecnológico, organizaciones civiles, estudiantes y legisladores de diferentes facciones políticas.

Por todo esto entiendo que sobran los motivos para la organización, para la coordinación de actividades y voluntades, para la movilización desde diferentes lugares (ciudadanía, profesionales, activistas, etc.), para por fin entender que es nuestra responsabilidad involucrarnos con propuestas que exijan cambios en y desde los Estados.

Y porque sobre todo creo que los sueños que nos mueven son la única energía que finalmente hace que algunas cosas pasen.