Por una verdadera democratización del conocimiento

Jorge Gemetto

Desde hace tiempo que en Uruguay nos debemos una discusión seria sobre un asunto que nos incumbe a todos: la propiedad del conocimiento. A veces nos cuesta visualizar la importancia de este asunto, que sin embargo afecta nuestra vida cotidiana, ya sea cuando trabajamos con una computadora, cuando asistimos a un toque en vivo, cuando chicos y adultos estudiamos en el aula o en una biblioteca, cuando un productor familiar agrícola compra o comparte semillas, o cuando una pequeña empresa nacional busca lanzar un producto innovador. En todos estos casos, severas e injustas restricciones afectan sistemáticamente a los actores sociales más débiles. Me refiero a la gente común, que ya sea por no estar organizados, o porque las leyes de propiedad intelectual son verdaderos laberintos jurídicos que desaniman a cualquiera a estudiarlas, se han visto sin voz ni voto a la hora de las grandes decisiones.

Esta discusión, que aquí en Uruguay está tardando demasiado en llegar a la opinión pública, toma cada vez más fuerza en otros países, como se puede apreciar al ver las protestas masivas contra ACTA, SOPA y PIPA, contra las leyes de censura de Internet recientemente aprobadas en España y otros países, contra los protocolos de “Notice and takedown” y de respuesta graduada, o contra la persecución de numerosos sitios de descarga directa y de compartición p2p de archivos.

Nuestro país se encuentra en una situación paradójica. En parte, el hecho de que no haya habido discusión se debe a que el gobierno de izquierda, haciendo lo correcto, no ha avanzado con políticas represivas ni leyes de censura. Pero por otro lado, sin una discusión sobre la propiedad intelectual no podremos avanzar en este campo con políticas y leyes que vayan en el sentido de la justicia social, es decir, políticas y leyes que democraticen el conocimiento y amplíen derechos. Desde siempre, la izquierda ha tenido un eje central que es poner en tela de juicio la noción de propiedad. Hoy, por tanto, en la sociedad del conocimiento el deber histórico de nuestro movimiento es discutir, precisamente, la propiedad de este conocimiento, la propiedad intelectual.

Si bien la discusión sobre la propiedad del conocimiento abarca muchas problemáticas y marcos normativos distintos*, claramente es posible establecer ideas fuerza comunes que sirvan como guía para las demandas y acciones puntuales de los movimientos populares en cada ámbito de lucha.

De los dirigentes políticos populares de nuestra América, quizás el ecuatoriano Rafael Correa es quien ha puesto sobre la mesa de forma más contundente el orden de fuerzas global en torno al conocimiento, y quien ha sido más claro en cuanto a cuáles son los intereses de los países centrales y cuáles los intereses que deberían movilizar a los países del Sur.

Este año, como invitado al Campus Party 2012 Quito, Correa afirmó que “el principio básico que debemos adoptar es que el conocimiento es universal, es patrimonio de la humanidad, no debe ser privatizado”. Luego, avanzó con algunas definiciones económicas sobre el tema: “El conocimiento es un bien público: es de libre acceso y no hay rivalidad en el consumo. Ante la falta de barreras técnicas para acceder a este bien público, nos ponen barreras institucionales (…) con el rimbombante nombre de ‘derechos de propiedad intelectual’”.

¿Pero a qué intereses sirven estas barreras institucionales? Explica Correa: “Existe un grave doble estándar. Los países del norte, con sus grandes inversiones en investigación, son los mayores productores de conocimiento. Pero nosotros también generamos bienes públicos de libre acceso, que en este caso son consumidos sin ninguna compensación: los bienes ambientales. Hay una gran inconsistencia en el tratamiento de bienes públicos a nivel global dependiendo de quién los produzca. Para lo que produce el norte (conocimiento), hay royalties, patentes, y el que no paga va preso. Lo que produce el sur (bienes ambientales) lo puede consumir cualquiera sin ninguna clase de compensación.”

Ya presentado el problema, Correa resalta las contradictorias políticas de los países del sur: “Con este análisis, lo que más nos convendría es minimizar los obstáculos para acceder al conocimiento. Y hacemos exactamente lo contrario. Agenciosamente nosotros mismos contribuimos a estos disparates y ponemos barreras al conocimiento”.

Finalmente, propone: “Algo tiene que cambiar a nivel planetario, estas cosas tienen que discutirse (…) Vendrá mucho bla bla, muchas frases rimbombantes, muchos eufemismos, pero en el fondo, se trata de quién produce los bienes. Si esos bienes públicos los producen los países ricos, hay que pagar. Si los bienes públicos los producen los países pobres, todo el mundo los puede disfrutar sin ninguna compensación. (…) El conocimiento es un bien público, patrimonio de toda la humanidad y debemos luchar para el libre acceso a ese bien público que es el conocimiento”.

Las palabras de Correa dejan claro que la privatización del conocimiento, en todas sus formas, tiende a ir contra los intereses populares, ya que priva a la sociedad del acceso a un bien por naturaleza público de enorme importancia en la realidad actual.

Por tanto, desde los movimientos sociales y desde la fuerza política de izquierda, debemos presionar para lograr legislaciones que democraticen el conocimiento y lo pongan en manos de toda la sociedad. Algunos de los reclamos y líneas de acción concretas (ciertamente hay muchas más) deben ser: exigir el acceso libre y gratuito a los datos producidos por el Estado; exigir que todo el conocimiento generado con fondos públicos** sea de libre acceso y distribución; prohibir taxativamente las patentes sobre cualquier forma de vida; eliminar las penas a quienes comparten obras intelectuales sin fines de lucro, ya sea a través de medios físicos o por Internet***; disminuir los plazos irracionales del derecho de autor**** y eliminar el dominio público pagante*****; discutir firmemente el monopolio que tienen hoy las entidades de gestión de derechos de autor sobre la recaudación de estos royalties; y promover un debate social sobre la forma de compensar a los artistas y científicos de manera que el derecho a vivir de su trabajo no arruine el derecho de la sociedad a acceder a los bienes científicos y culturales.

En una sociedad uruguaya lo suficientemente madura para discutir el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y la despenalización de las drogas, sin dudas hace falta ir por más y avanzar hacia una real democratización del conocimiento. Hacia allá vamos.

Notas

*Para profundizar en este tema, recomiendo un excelente artículo de Evelin Heidel.

**Entre otros, las investigaciones de las universidades públicas, los materiales educativos de Ceibal, los proyectos financiados por la ANII, las obras financiadas por el Fondo Concursable para la Cultura, las obras que se producen en las Usinas Culturales y en los Centros MEC, etcétera.

  • Un ejemplo inspirador en este sentido es el proyecto de ley de “libre acceso a la cultura a través de Internet”, presentado por Fernando Solanas y otros legisladores en Argentina, que puede leerse aquí.
  • Hoy en día, el derecho de autor sobre una obra intelectual tiene vigencia hasta 50 años después de la muerte del mismo. No deja de ser ridículo, entonces, el famoso mantra de AGADU que reza “Derecho de autor, salario del creador”, el cual equipara el monopolio artificial sobre el conocimiento con un derecho humano básico de los trabajadores. Muy por el contrario, el derecho de autor va mucho más allá de la vida de este, pero además rara vez es ejercido por el mismo (en la mayoría de los casos, son grandes empresas intermediarias las dueñas de los derechos), y no tiene ninguna relación real con el verdadero valor del trabajo intelectual.
  • Uruguay es uno de los pocos países del mundo que obligan a pagar por el uso de obras en dominio público. Para saber más sobre dominio público pagante y otros aspectos de nuestra legislación, recomiendo el libro “Industrias creativas y propiedad intelectual”, publicado por el MEC. El tema del dominio público se aborda allí a partir de la página 50.
Fuente: IR

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