Leyes y derechos ciudadanos

Pillku: Para comenzar, nos gustaría saber en cuáles colectivos u organizaciones participás y desde cuáles espacios estás promoviendo la filosofía y el uso de Software Libre.

Martín Morales: Desde 2004 venimos trabajando en el Programa Argentina Sustentable (Programa compuesto originalmente por CTERA, Amigos de la Tierra y Taller Ecologista, y nosotros en ese momento éramos un capítulo del Programa aquí en Santa Fe sin pertenecer a ninguna de esas organizaciones), en donde comenzamos a contactarnos con el mundo de la cultura libre, su movimiento y sus referentes (entre ellos a la Fundación Vía Libre, FM La Tribu, Lugli, Gcoop, etc). Luego, en el año 2010 fundamos la Asociación Civil Tramatierra en la cual uno de los ejes nodales de trabajo es la cultura libre, conjugado con temas socioambientales como por ejemplo Soberanía Alimentaria, Energía, Género, Gestión Ambiental de Residuos y Agua. Desde allí y con el trabajo sinérgico con organizaciones locales y nacionales venimos construyendo y difundiendo, a partir de espacios de reflexión, jornadas, encuentros, talleres y proyectos, el amplio mundo de la cultura libre y también el movimiento de software libre. Es en ese marco que construimos con muchxs el Observatorio de Cultura libre del Litoral desde donde nos aglutinamos un colectivo amplio de activistas de la cultura libre y desde donde estamos instrumentando esta campaña en favor de la reglamentación de la ley N° 13.139: “de software libre de la provincia de Santa Fe”.

P: ¿Cuáles son los puntos que más les preocupan como ciudadanxs respecto de la falta de reglamentación de esta ley (además del gasto que aún hoy genera el pago de licencias privativas)?

M.M.: Son varios los puntos que nos movilizan a pelear por el cumplimiento efectivo de esta legislación. La ley de Software Libre de la provincia de Santa Fe está destinada a intervenir sobre el aparato administrativo del Estado provincial pero con la peculiaridad de que reconoce que este aparato es sustantivo para la política estatal y la ciudadanía, en el sentido más pleno. Como expresa la ley: «el Gobierno de la Provincia debe obtener control efectivo sobre los sistemas de información y los datos de los que depende su funcionamiento». Y agrega, el Estado debe: «promover la igualdad de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y evitar a los mismos depender exclusivamente de proveedores únicos». Esta doble dimensión se fusiona con un objetivo ciudadano de gran alcance: «con el propósito de garantizar la transparencia, debe permitirse al público conocer las tecnologías que utiliza para su funcionamiento».
Es decir, la Ley tiene la potencia de reconocer que el derecho de la ciudadanía a conocer las tecnologías de software que el Estado provincial utiliza exige una acción política de transformación de la esfera administrativo-burocrática en dos sentidos. Por un lado, avanzar en las estrategias y métodos utilizados para los desarrollos de Software que los agentes provinciales realizan en el marco de las agencias estatales y donde procesan la información pública. Por otro, regular el sistema de compras y contrataciones de servicios de software de modo que el mismo sea software libre.
Otro aspecto relevante es el que refiere al ahorro de presupuesto público en términos de adquisición de licencias privativas de software, y hay que decir que no es menor ya que estamos hablando, según nuestras indagaciones y por lo que publica el gobierno de Santa Fe en su portal de compras, de cerca de 30 millones de pesos, desde que se aprobó la ley hasta el momento (puede ser mucho más pero somos mesurados). Cuando se adquiere este tipo de licencias privativas, en la mayoría de los casos las erogaciones van a las arcas de las grandes compañías monopólicas transnacionales de software y/o a las cámaras de software que trabajan para ellas, con el perjuicio que significa para las economías locales o regionales, para las pymes o cooperativas que tienen un fuerte desarrollo en los últimos años en nuestra región en esta materia y que no son favorecidas por esta política actual. Otro aspecto negativo que se puede leer en esta política instituida y que la ley vendría a “descomponer” es la dependencia total que tiene la provincia de Santa Fe, es decir de su infraestructura tecnológica, con estas compañías. Todo lo que adquiere el estado provincial en materia de tecnologías está regido por sus “leyes” y conocemos que ni son las más democráticas, ni las más limpias, ni las que piensan en las necesidades de lxs ciudadanxs ni en cómo mejorar la calidad de sus vidas, sino todo lo contrario. La ley 13.139 es muy clara respecto a ello: establece un piso básico sobre lo que debe adquirir y usar el estado (que es nada más ni nada menos que software libre), y además enuncia que el estado deberá promover y priorizar la industria local y nacional de software a la hora de llamar a licitaciones públicas. Es en este sentido también que la ley 13.139 dice que se debe construir un Laboratorio de Software Libre, que estará encargado de evaluar e investigar software libre que pueda ser empleado dentro de la infraestructura de la administración pública, instalando así capacidades propias en la gestión estatal y generando las propias reglas, sin dependencias ni monopolios interactuando.

P: ¿Hubo algún acontecimiento o momento clave que lxs llevó a movilizarse para exigir la reglamentación de esta ley cuando ya han pasado 4 años de su sanción?

M.M.: Desde que se promulgó esta ley venimos trabajando con distintas ideas y personas acerca de lo que implica y significa esta ley. En un primer momento tratamos de comprenderla, luego comenzamos a ver cómo avanzaba la ley y cómo podíamos contribuir a la ejecución de la misma. En ese marco nos reunimos con algunos funcionarios, por ejemplo con el actual Director de Infraestructura Tecnológica de la Provincia en noviembre de 2012, y allí solo recibimos la argumentación de que no era necesario que hagamos nada porque la reglamentación de la ley ya estaba lista y salía en los próximos días. Desde el año pasado venimos construyendo para la difusión ciudadana un documento explicativo sobre la Ley, sus alcances, sus implicancias, su entramado, y este año con la colaboración de muchxs, pudimos concretarlo. En 2013, con este material (incluso en construcción) comenzamos, en cada evento que podíamos, a difundir y problematizar lo que significa este tipo de legislaciones, y la relevancia que tiene para la ciudadanía. Ya en el Flisol del año pasado presentamos un avance y este año participamos en la Conferencia Internacional de Software Libre en la UTN de Córdoba, en las Jornadas Argentinas de Informática en la Universidad de Palermo, en el Foro de Conocimiento Libre en la Universidad de Quilmes y en septiembre de las Conferencias de Software Libre del Litoral en la ciudad de Santa Fe. En esta última participó también con una ponencia titulada “Software Libre en el Gobierno de Santa Fe” el Director de Infraestructura Tecnológica de la Provincia (uno de los máximos encargados de reglamentar la ley), en donde para el extrañamiento de todxs los presentes no dijo una palabra sobre el estado o avance de la ley 13.139. Al ser consultado sobre las causas de la omisión y qué podía decir acerca de por qué la ley aún no estaba reglamentada, contestó que “no tenía respuesta”. Al ser nuevamente consultado (ya que un Director de esa envergadura no podía “no tener respuestas”), dijo que “están trabajando en modificar la ley”. Eso para nosotros fue un baldazo de agua fría ya que era evidente que esa modificación sería en detrimento de la ley de software libre provincial. Es a partir de allí que decidimos avanzar en una campaña mas fuerte de difusión de la ley pero sobre todo de exigencia de la reglamentación por parte del ejecutivo, y nos planteamos varias estrategias, entre ellas una por el camino legal, y otra por el lado de la difusión. En ese marco construimos el sito web Observatorio Litoral

P: ¿Cuáles son los colectivos u organizaciones locales que hasta el momento se han unido para exigir la reglamentación? ¿Cómo percibís el nivel de adhesión y colaboración de otros colectivos o agrupaciones a nivel nacional o internacional?

M.M.: Los colectivos que venimos exigiendo la reglamentación, además de Tramatierra, son la Cooperativa Colectivo Libre, y algunos docentes de la Universidad Nacional del Litoral que vienen trabajando el tema en sus cátedras, como por ejemplo la de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Ciencias Hídricas. En esta campaña que iniciamos hemos recibido el apoyo del Grupo de Usuarios de Software Libre del Litoral (Lugli), el Grupo de Usuarios de Software Libre de Rosario (Lugro), la Fundación Vía Libre y la Asociación Civil Software Libre Argentina (Solar), entre otros.
Creemos que es un tema que tiene su complejidad y que el acompañamiento de la ciudadanía y las organizaciones precisa de mucho trabajo tanto en la difusión como en la sensibilización y desmitificación, ya que por lo general se cataloga como “cosa de expertos” hablar de infraestructuras tecnológicas, de software, de licencias, etc. Sabemos que este discurso opera en detrimento de una ciudadanía activa, protagonista, y que estos temas en la actualidad le incumben a los ciudadanos y tienen tanta relevancia como el acceso al agua potable, a la cloaca o los derechos humanos, entre otras cuestiones vitales.

P: ¿Cuáles actividades realizaron hasta ahora para promover la reglamentación y cuáles tienen planificadas en el corto plazo?

M.M.: Las actividades que realizamos hasta ahora son la difusión en los medios que tenemos al alcance (redes sociales, listas de correo, periódicos independientes, etc) y la construcción del sitio web Observatorio Litoral en donde sistematizamos todos los documentos que vamos elaborando, los apoyos, y en donde hay una cuenta regresiva que indica el tiempo que falta para los plazos establecidos en la ley, que cuando se venzan la provincia ingresará en un plano de ilegalidad.
Estamos teniendo reuniones con diversos referentes de organizaciones, periodistas e instituciones, con la idea de hacer conocer aun más la legislación y lograr más protagonistas en el tema.
Y también por el camino legal hemos elaborado con el acompañamiento de un estudio jurídico una carta documento al Sr. Gobernador Bonfatti, en donde le comentamos y exigimos la reglamentación urgente de la ley 13.139.

P: Si tuvieras la posibilidad de solicitar que se modifique algún punto de la ley antes de su reglamentación, ¿cuál elegirías y por qué?

M.M.: Uno de los puntos donde la Ley no es precisa ni hace demasiado hincapié es acerca de la educación, ya que solo establece que se debe instrumentar un plan de educación, pero no detalla qué significa eso: si debe ser solo educar con computadoras con Software Libre, o si se debe utilizar conceptos más complejos de la cultura libre; si eso significa educar solamente con programas de licencias libre o educar en los valores del Software libre.
Sostenemos que este punto debe ser retrabajado, repensado para significarlo en una forma más integral y que sea el puntapié inicial de una formación que impulse un cultura informática y tecnológica integral, sustentada en los conceptos de la construcción colaborativa del conocimiento, la autonomía tecnológica y los nuevos derechos ciudadanos.