El día después

Ana Laura Almada

Durante varias horas de la noche, el escrutinio que se publicaba en el sitio web http://2015elecciones.gob.ar mostraba errores en la totalidad de votantes por comuna (que es como se denomina a cada una de las secciones al interior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), porque la empresa cargó mal los datos y esto hizo que en algunas comunas pareciera haber más votos que votantes.

Los errores se corrigieron cerca de las 2 a.m., cuando ya se habían escrutado el 95% de la totalidad de los votos, mientras se comenzaban a cargar las 500 mesas que faltaban desde la Legislatura.

Hace unas semanas atrás, en la provincia de Santa Fe, utilizando el sistema de Boleta Única en papel, a las 00,30 hs. ya se conocían los resultados de un escrutinio provisorio que ha sido considerado uno de los mejores de los últimos años. Traigo este dato a colación, porque el principal argumento que especialmente el periodismo sostiene en favor de sistemas de Voto Electrónico es la rapidez del escrutinio provisorio. En esta ocasión, casualmente, la experiencia santafesina ha sido desestimada en el discurso mediático, insistiendo en la eficacia del sistema “Vot.ar”.

Al silencio de los grandes medios junto con los sectores políticos y sus declaraciones cargadas de bastante ignorancia acerca de las herramientas tecnológicas utilizadas, se suman las órdenes provenientes de la justicia de la Ciudad que resultan bastante cuestionables. Por un lado, el allanamiento del viernes 3 de julio al informático que avisó sobre la publicación de los códigos SSL y luego otra orden firmada el día posterior a las elecciones por la misma autoridad judicial: el bloqueo de los sitios web donde se publicaron las vulnerabilidades del sistema (estamos hablando de páginas como JustPasteIt. Una medida tan cuestionable (sobre todo en términos de libertad de expresión) como ineficaz.

La discusión que a mi entender merece cualquier tipo de medida que afecte la modalidad en que se realiza el sufragio, no tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires (ni en Salta ni en Chaco ni en las localidades de la provincia de Córdoba donde se utilizó por segunda vez el modelo de urna electrónica) y ése es el principal punto de la cuestión.

Es una premisa dentro del mundo de desarrollo de software que los sistemas con ciertos niveles de complejidad tienen fallas, las cuales justamente se van subsanando cuando una auditoría seria y el trabajo de muchas y muchos especialistas las van corrigiendo. Esto tampoco sucedió en el caso del sistema que se utilizó en Buenos Aires, que antes se había utilizado en Salta y que próximamente se utilizará en Chaco.

Como en un movimiento circular, quiero insistir en el aspecto político que desarrollé en el primer artículo que escribí para Pillku sobre este tema: la ley electoral de Argentina estipula el derecho que cualquier elector y electora tiene a auditar el sistema de sufragio, para preservar condiciones también previstas en la ley como la integridad y la secretud de voto. Ninguno de estos derechos están asegurados cuando se opta por sistemas que requieren conocimientos técnicos especializados para ser auditados, aunque estén sustentados por la mayor o menor confianza que pueda tener la población hacia el funcionamiento debido de las computadoras.

De hecho, es muy curioso para quienes hemos seguido el tema muy de cerca, percibir que son justamente los sectores más cercanos a la informática y la tecnología quienes están más en desacuerdo con la implementación de este tipo de sistemas. Sugiero fuertemente la lectura de este texto de Fabio Baccaglioni, con 10 razones para decir NO al Voto Electrónico. También ha realizado este video muy didáctico, dando argumentos contundentes para comprender esta postura.

En una época donde se discute cada vez más sobre la protección de nuestros datos, donde se descubren cada vez más mecanismos de espionaje masivo basados en las tecnologías de la información como internet y los teléfonos móviles, donde debemos estar muy atentos para defender nuestro derecho a la libre expresión tras los embates de la economía política de la comunicación, decir que lo instrumental es político parece una verdad de Perogrullo.

Lamentablemente, es justamente el punto de partida desde el cual creo que deberían comenzar los debates sobre la implementación de voto electrónico. Y claramente en estos últimos días ha estado ausente en la mayor parte de los medios, al interior del sistema de partidos políticos y en gran parte de la sociedad.

Para que los debates sean vinculantes, serios y con la mayor pluralidad de voces posibles, pienso que sería necesario y relevante que las comunidades y organizaciones políticas, tecnológicas, culturales y la sociedad civil en general se involucre con los temas relacionados a modalidades de sufragio y uso de la tecnología. Así como militamos el uso de software libre bajo premisas como libertad y soberanía tecnológica, o creemos en la importancia de hacer valer nuestro derecho a la información y la cultura, cuando los gobiernos toman este tipo de decisiones también deberíamos promover la participación y exigir que se nos muestren diferentes voces al respecto.

Porque, como dijo alguien por ahí, “no toda implementación de la tecnología puede ser considerada como una mejora o un avance para la sociedad”, en el sentido de la discusión imprescindible para evitar la imposición acrítica o el uso forzado de dispositivos. Especialmente, en áreas donde justamente el uso tecnológico opera en claro detrimento de lo común, dejando en manos de empresas privadas lo que de repente comienza a considerarse un “servicio” y – hasta donde entiendo – siempre ha sido un derecho.

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