El feminismo en lucha simultánea contra el ciberacoso y el autoritarismo en Internet

En los últimos años los movimientos feministas vienen denunciando fuertemente el acoso machista como una manifestación de violencia de género, tanto en las calles como en Internet. Avergonzar y amedrentar son estrategias del machismo para dominar los espacios públicos, acallando las voces y controlando los cuerpos de mujeres, homosexuales y personas trans.

Pero no debemos culpar ni a las calles ni a Internet como “lugares peligrosos” que facilitan la desprotección de las víctimas y por tanto, la perpetración del acoso. Precisamente, por tratarse de espacios públicos y abiertos en los que se disputa hegemonía, son lugares en donde el patriarcado y el conservadurismo no quieren vernos transitar libremente. Por lo tanto, el mayor énfasis de nuestro discurso para enfrentar el acoso no debe ser “más seguridad”, sino “más libertad”.

Ciberacoso y libertad de expresión

Luchar contra el acoso es proteger la diversidad de discursos, la disidencia, la manifestación de estilos de vida variados, el derecho a ser quienes y cómo somos. En definitiva, necesitamos vivir libres de acoso porque queremos disfrutar de nuestra propia libertad de expresión. La libertad de expresión implica proteger cierto tipo de discurso aunque pueda ofender sensibilidades y resultar incómodo: la crítica, el desacuerdo, la disidencia y la parodia son considerados expresiones legítimas. En cambio, el fomento sistemático del odio, la manipulación de información con el objetivo de perjudicar a alguien, la explotación de la vida íntima para amenazar y dañar la imagen personal, no están de ningún modo protegidos por la libertad de expresión. Ambos tipos de discurso están claramente separados por límites que nos permiten distinguir qué es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, y qué no lo es.

Por lo tanto, decir que el ciberacoso existe porque hay “excesos” en la libertad de expresión en Internet, no tiene sentido. La libertad de expresión no es excesiva en sí misma, no habilita a dañar a nadie. De hecho, es necesaria para poder defender a las víctimas mismas del acoso. Como explica este excelente artículo de la EFF:

“…uno de los métodos más eficaces para abordar el acoso en línea es el contra-discurso. El contra-discurso que sucede cuando los partidarios de los grupos o individuos específicos despliegan ese mismo poder comunicativo de la red para llamar la atención, condenar y organizarse contra el comportamiento que silencia a otros. Es por eso que, al contrario de algunas suposiciones equivocadas, la lucha por la libertad de expresión y la lucha contra el acoso en línea no son opuestas, sino que se complementan”.

Es por esto que el combate al acoso y al discurso de odio en sus distintas variantes (misoginia, racismo, xenofobia, homofobia y otras manifestaciones de odio hacia distintos colectivos), no debe basarse en el control de las comunicaciones para la vigilancia y la censura. Tales medidas no demuestran ser eficaces frente al acoso, mientras que podrían perjudicar la presencia online del contra-discurso que es parte esencial de las luchas feministas. Las feministas – y todos los movimientos de derechos – necesitamos una red libre donde nuestro incómodo discurso pueda participar de la disputa contra-hegemónica.

Cuando una mala regulación puede ser mucho, pero mucho, peor

Lo dicho anteriormente no significa que, para salvar la libertad de expresión, no se haga nada por los derechos de las víctimas de ciberacoso. Pero en este campo, una mala regulación puede ser tan ineficaz como contraproducente. Permanentemente se plantean propuestas que dudosamente ayuden a proteger a las víctimas, con probables daños colaterales que se pueden volver en contra, incluso, de las propias víctimas.

Particularmente nefastas son las propuestas de regulación que incluyen responsabilidad de intermediarios de Internet, restricciones al anonimato en línea y vigilancia masiva de las comunicaciones. Veamos por qué:

• La responsabilidad de intermediarios de Internet es perjudicial porque deja la censura en manos de privados y genera incentivos para expulsar la polémica política, la crítica y la disidencia de las plataformas online.

Como consecuencia de la actual re-centralización de Internet, millones de usuarios utilizan a diario las grandes plataformas online como Facebook, Twitter y YouTube. Estos son espacios cuasi-públicos gestionados por privados. Contrariamente a lo que a veces se cree, en los países en los que ya existe regulación al respecto, como EEUU y los países de la Unión Europea, hasta cierto punto se establece inmunidad legal para los proveedores de servicios de información interactivos. Esto quiere decir que quienes administran sitios donde hay interacción social, como medios de prensa online, servicios de redes sociales y plataformas de blogging, no tienen la obligación de dar de baja contenidos o cerrar cuentas de usuarios. Esta inmunidad aplica siempre y cuando esté claro que las empresas no proveen el contenido nocivo y que no son ni los editores responsables ni los portavoces directos de ese contenido.

Incluso cuando las empresas no tienen una responsabilidad como intermediarios, en los ToS (Terms of Service o Términos del Servicio) de estas plataformas se establecen cláusulas contra el acoso y el discurso de odio. Además, existen mecanismos para reportar contenidos y denunciar usuarios. Pero el funcionamiento de dichos mecanismos suele ser poco claro, utilizándose muchas veces herramientas automatizadas sin una revisión que contemple aspectos de derechos humanos en juego. Los estándares morales con los que se manejan las plataformas para evitar problemas legales, dan como resultado un umbral de censura que va más allá de mantener el discurso de odio a raya. Muchas veces se termina limitando expresiones artísticas y debates políticos, porque las plataformas expulsan casi automáticamente aquello que puede estar causando conflictos notorios que no desean gestionar. Esto facilita a su vez una modalidad de acoso muy sencilla: grupos que se organizan para reportar las cuentas de sus objetivos y lograr que sean dadas de baja. Hay numerosos ejemplos de estas prácticas de censura que han afectado a agrupaciones como Feministas Ácidas o Memes Feministas (y a participantes de muchos otros movimientos sociales).

• La restricción del anonimato es nociva porque lejos de proteger, puede volver más vulnerables a las propias víctimas del acoso. Esta vulnerabilidad se traduce en menos libertad para la circulación de expresiones alternativas y la conversación en torno a temas polémicos.

• Deberíamos desactivar el discurso de que son los malos quienes “se escudan en el anonimato que permite Internet”. Pensemos en blogs que por años han mantenidos altos e intensos niveles de debate, como Basta de Sexismo, cuya autora prefiere seguir respondiendo las decenas de comentarios “machitrolls” en cada uno de sus posts, desde la seguridad del anonimato.

• La vigilancia masiva es un grave problema porque trata como sospechosas a todas las personas indiscriminadamente y significa una vulneración permanente del derecho a la privacidad. Este derecho, lejos de ser el escondite de los criminales, es una garantía necesaria para la protección de las víctimas de acoso y de persecución, tanto online como offline.

La vigilancia masiva también vulnera la libertad de expresión, ya que se vuelve más habitual la auto-censura a la hora de expresarnos, comunicarnos e informarnos. ¿Nos sentimos cómodas y seguras buscando información sobre aborto o sexualidad, cuando sabemos que esas búsquedas están siendo monitoreadas por el propio buscador? De hecho, si estamos luchando contra algo llamado ciberacoso: ¿no es ciberacoso el monitoreo de las comunicaciones y el rastreo de los usuarios? ¿Por qué debería permitirse, o incluso exigirse esto, a las empresas de servicios de Internet?

Por citar un caso reciente, en Paraguay el parlamento rechazó un proyecto de ley que pretendía obligar a las empresas de telecomunicaciones a almacenar datos de tráfico de Internet. Quienes impulsaban la norma decían que podía servir para identificar actividad criminal. La seguridad de los más vulnerables, como niñas y niños, era la hipócrita excusa para esta descabellada ley que fue frenada gracias a la crítica y la presión social. Desde el feminismo, debemos identificar y criticar duramente el uso de excusas semejantes para la injerencia abusiva de gobiernos y empresas en la vida de la gente.

¿Es cierto que “no se puede hacer nada”?

¿Cómo elaborar leyes y políticas para enfrentar los daños del ciberacoso y proteger adecuadamente a las víctimas sin promover (más aún) la censura y la vigilancia masiva? Hay que tener mucha precaución y analizar detalladamente las propuestas de regulación. ¿Es realmente útil establecer delitos específicos para Internet? ¿Es admisible dar lugar a la vigilancia indiscriminada? ¿No es peligroso penalizar, ya no los delitos en sí, sino sus posibles facilitadores, como el anonimato en línea?

Se oye decir que en el “ciberespacio” la autoridad y las leyes no tienen el mismo alcance que en el “mundo real”. Pero si hay que reformar los códigos penales, no es lo más acertado reinventar los delitos en su versión cyber sin antes analizar la legislación existente a la que se puede acudir en casos de violencia y discriminación, y preguntarnos: ¿por qué no se aplica?

Probablemente sea más necesario y efectivo reforzar la capacitación en género a funcionarias y funcionarios de la policía y la justicia, para que no dejen desamparadas a las víctimas cuando el acoso ocurre en línea. La típica respuesta del comisario frente a la violencia online – “señora, con esto no podemos hacer nada” – las más de las veces parece una excusa (excusa derivada del mismo sexismo que desatiende la violencia doméstica o la violación). En ciertos casos, las autoridades están ávidas de estas excusas para acelerar cambios en las leyes que faciliten la tarea policial sin necesidad de lidiar con los bastante molestos derechos humanos. Pero señor comisario, lo sentimos mucho, la vida es complicada, y su trabajo también lo es.

Ahora bien, no deja de ser cierto que es necesario reformar la legislación para adaptarla a una sociedad que utiliza cotidianamente Internet. Pero quizás, en lugar de tratar la violencia online hacia las mujeres en el ámbito de los delitos informáticos, es mejor abordar el asunto en el marco de las leyes integrales contra la violencia de género.

A nivel de Internet, sin caer en responsabilizar penalmente a los intermediarios por los contenidos que suben los usuarios, es posible exigirles mucho más en otros aspectos. Las plataformas podrían ofrecer a sus usuarias y usuarios herramientas más efectivas y fáciles de usar para mejorar la privacidad y protegerse contra el acoso. En casos reales y concretos, las empresas de Internet deben responder adecuadamente a los pedidos de información de la justicia. Asimismo, el enfoque policial no es el único. Los organismos gubernamentales anti-discriminación también deberían trabajar junto a las plataformas y a los medios de comunicación, para encontrar protocolos comunes y razonables a la hora de lidiar con discursos machistas y discriminatorios en general.

Por último, y no menos importante, hay que superar los enfoques exclusivamente punitivos, y hacer mayor énfasis en la educación, la rehabilitación y la reparación.

En cuanto a educación, es fundamental fortalecer las capacidadese de las mujeres y otros colectivos vulnerables para decidir sobre su identidad, privacidad y nivel de exposición online.

La rehabilitación de perpetradores de acoso online puede promover en estos usuarios problemáticos actividades en línea más genuinas y satisfactorias, acercándolos a un mundo de interacciones donde no son necesarios los debates violentos y los insultos gratuitos.

En cuanto a la reparación a las víctimas, es necesario reconfortarlas, devolviéndoles la dignidad y la tranquilidad perdidas. Hay que tener en cuenta el tipo de daño que inflige el acoso online. Tal vez es fácil no alimentar a nuestro trol de todos los días o a un grupete organizado de ellos. Pero la tarea se vuelve imposible hasta para la mente más fría cuando se genera una ciberturba espontánea que transforma el ataque en un viral de entretenimiento masivo. En estos casos, hasta las leyes más estrictas se hacen difíciles de aplicar a cada uno de los nodos difusores del viral, y no resuelven el daño. Pero la comunidad online puede hacer mucho por la víctima, denunciando el componente machista, desactivando elementos de odio y vergüenza, y activando un contra-discurso de apoyo y contención.

No permanecer calladas, hacer uso de nuestra legítima libertad de expresión, puede ser el arma más poderosa para ganar Internet como espacio público.

Referencias Bibliográficas

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Nota: todos los memes que acompañan este artículo fueron tomados de Memes Feministas.