Revista Pillku

Procomún y Cultura Libre
América Latina
ISSN 2215-3195

Análisis

AL Copyleft. Software libre dentro de las políticas progresistas de América Latina y el Caribe

Desde inicios del siglo XXI, diversos gobiernos de América Latina y el Caribe han implementado leyes que promueven el uso de software libre al nivel de las instituciones públicas. Como ejemplos de ello, se encuentran los gobiernos de países como Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Cuba. Esto tiene diversos efectos positivos a nivel social, aunque también diversas limitantes que nos recuerdan que el movimiento de software libre es una vía efectiva de transformación social, pero sólo en la medida en que combine las iniciativas institucionales con un trabajo de base ciudadana.

GNU-Linux América Latina

En el primer tomo de su El Capital, Carlos Marx proponía: “imaginemos una asociación de hombres libres que trabaja con medios de producción comunes y que, conscientemente, inviertan sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una sola fuerza de trabajo social” (Marx: 2014, 78). Aclarando en distintos momentos que esta asociación imaginaria requeriría de la apropiación de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, el filósofo alemán sentaba las bases teóricas de un futuro utópico en el que la humanidad privilegiaría los bienes comunes por encima de la propiedad privada.

Siglo y medio después nos encontramos en un momento histórico en el que las tecnologías digitales vuelven a poner aquellos sueños en relieve, generando todo tipo de preguntas pero también un nutrido abanico de respuestas que están surgiendo a este respecto.

Entre las respuestas que a propósito de lo anterior han surgido en las últimas décadas, el movimiento de software libre juega un papel especial, dada la enorme propagación que en sus treinta años de existencia ha tenido en prácticamente todo el mundo. Esto ha permitido no sólo la consolidación de sistemas informáticos completos que prescinden de las formas de producción capitalista, sino que también ha promovido principios éticos, educativos y culturales que ponen el bien común al centro de sus prácticas y discursos.

En el ámbito de la política, por ejemplo, el siglo XXI ha visto surgir una cantidad importante de partidos políticos, iniciativas legislativas e instituciones que exploran maneras de aplicar los principios del software libre a la construcción de un nuevo proyecto de ciudadanía. Y en este contexto, diversos países de América Latina y el Caribe han estado a la vanguardia en lo que respecta a la creación de leyes que promueven el uso de herramientas tecnológicas libres, lo que, más allá de los obvios beneficios económicos, tiene una serie de consecuencias sociales que serán el tema principal de este artículo.

En las últimas décadas, el movimiento de software libre juega un papel especial, dada la enorme propagación que en sus treinta años de existencia ha tenido en prácticamente todo el mundo.

Aunque debemos aclarar que este escrito no pretende idealizar un proyecto que, ciertamente, está sujeto a toda clase de contradicciones y se desenvuelve al interior de complejos procesos políticos que aún están muy lejos de superar la centralización informativa, la brecha tecno-cultural y las adversas condiciones socioeconómicas que existen en cada región, es importante reconocer los avances que países como Brasil, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina y Cuba están teniendo en materia de software libre, reconocimiento que tendría que venir acompañado de un balance crítico sobre los beneficios y las limitaciones que la utilización de este tipo de tecnologías tienen en dichas naciones.

Para entrar en materia, comenzaremos recordando algunos de los principales avances que sobre este tema han tenido lugar en los países mencionados desde los primeros años del nuevo milenio.

Primeramente mencionaremos el caso de Brasil, pionero mundial en implementar leyes y programas que priorizan el uso del software libre en la administración pública y en diferentes instituciones educativas y culturales, primero en el estado de Rio Grande do Sul (2002) y posteriormente a nivel federal.

En lo que respecta a Bolivia, destaca la llamada Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (Ley 164), promulgada en 2011, cuyo artículo 77 indica que “los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos”.

Pasando a hablar de Venezuela, en 2004 se aprobó el Decreto Presidencial 3.390, en el que se establecía el uso preferencial de software libre en toda la administración pública y en los programas de educación básica, estipulando además la adecuación de los sistemas operativos libres a las particularidades culturales indígenas.

Ecuador, por su parte, también instituyó una ley presidencial que establece el software libre como política de Estado, misma que mediante el conocido decreto 1014 fue publicada en abril de 2008.

Siguiendo la misma lógica que los países anteriores, el gobierno de Uruguay implementó el año pasado la Ley 19.179, que además de establecer el uso institucional de software libre y promover su aplicación al campo educativo, exige a las diversas instancias gubernamentales que distribuyan a la ciudadanía su información en formatos libres y abiertos.

Argentina, un tanto atrasada en la aplicación de estas reformas, está actualmente considerando la creación de una ley de software libre que aplique en todo el país, para lo cual existe una propuesta que hace algunos meses fue girada al senado; hay que decir, sin embargo, que la provincia argentina de Santa Fe cuenta desde 2004 con la Ley 12.360, que establece medidas similares a las de los países antes mencionados.

Por el lado del Caribe tenemos el ejemplo de Cuba, que en el año 2005 inició un proyecto progresivo de migración de las instituciones públicas a software libre, mismo que en 2012 tuvo un nuevo impulso que buscaba agilizar esta transición1.

Y para coronar este recuento, cabe destacar el posicionamiento del MERCOSUR en su reunión de julio de 2013, en el que “las presidentas y presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela (...) [a]poyaron el desarrollo de software libre, que permitirá potenciar el desarrollo regional de soluciones en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs), a fin de lograr una verdadera apropiación, promoción del libre conocimiento y transferencia tecnológica, reduciendo la dependencia de soluciones provistas por trasnacionales del sector o por empresas no dispuestas a respetar las industrias nacientes de la región” (comunicado del MERCOSUR, 12/07/2013, Item 45).

Después de revisar los distintos casos mencionados, queda claro que el tema del software libre ha tenido un lugar importante dentro de las políticas de distintos gobiernos e instituciones internacionales de América Latina y el Caribe, bajo la idea de que éste puede ser una vía efectiva para combatir la dependencia y lograr una verdadera apropiación tecnológica y una promoción del libre conocimiento.

Pero ¿cómo es que un asunto aparentemente técnico como la implementación de cierto tipo de software puede traer tal cantidad de beneficios sociales, al punto de tener la prioridad que está teniendo para los gobiernos de esta región? Para responder esta pregunta, consideraremos a continuación tres aspectos en los que la implementación oficial de software libre impacta las condiciones sociopolíticas de los países en cuestión.

El tema del software libre ha tenido un lugar importante dentro de las políticas de distintos gobiernos e instituciones internacionales de América Latina y el Caribe, bajo la idea de que éste puede ser una vía efectiva para combatir la dependencia y lograr una verdadera apropiación tecnológica y una promoción del libre conocimiento.

Para empezar, hay que observar que, aunque el propio fundador del movimiento de software libre, Richard Stallman, ha reiterado innumerables veces que es la libertad y no la gratuidad la que define a este tipo de software, al nivel de las administraciones estatales de un país el factor económico es determinante para que los gobiernos se convenzan de la conveniencia de migrar a este modelo y lo legitimen ante las diversas instancias ciudadanas y administrativas. Ahora bien, aunque en un primer momento el dejar de pagar licencias a corporaciones como Microsoft o Apple tiene un obvio impacto financiero, esto tiene repercusiones mucho más profundas, pues rompe con un sistema de dependencia en el que empresas trasnacionales tienen el control sobre las plataformas en las que operan gobiernos presuntamente soberanos, lo que, además de condicionar la manera en la que las administraciones públicas se organizan, implica un riesgo a la privacidad y a la seguridad nacionales.

Riesgo que frente a las revelaciones de personajes como Chelsea Manning, Edward Snowden y Julian Assange ha puesto en alerta a los gobiernos mencionados, sobre todo cuando éstos, en diferentes medidas pero todos de manera explícita, se posicionan como antagónicos a la dominación estadounidense y a su imposición del capitalismo neoliberal como sistema económico global. Esta perspectiva queda clara en la siguiente declaración del ingeniero Allan Pierra Fuentes, jefe del Grupo Técnico Nacional para la Emigración al Software Libre en Cuba: “la transición al software libre en el empleo de las nuevas tecnologías es una prioridad inmediata para Cuba porque si continuamos utilizando programas de factura extranjera corremos el riesgo de ser atacados por enemigos de la Revolución” (Allan Pierra citado en Susarte Medina, 2012).

Un segundo beneficio que los gobiernos sudamericanos han encontrado en la migración al software libre es la adaptación de sus sistemas informáticos a las necesidades específicas de cada país. Esto, además de generar empleos locales y permitir que el mantenimiento y solución de errores informáticos se dé por parte de los programadores que trabajan en las propias instituciones (y no por técnicos enviados desde las corporaciones estadounidenses), ha dado lugar a que varios países generen sus propios sistemas operativos, sea para promover la adecuación de los sistemas a las necesidades etno-culturales, o para adaptarse a las condiciones tecnológicas de cada región.

En el caso de Cuba, por ejemplo, el bloqueo económico que Estados Unidos impone ha sido un elemento fundamental para llevar a cabo la programación del sistema operativo Nova, mismo que opera en computadoras que para Microsoft y Apple resultan obsoletas pero que en Cuba siguen siendo útiles.

Lula da Silva, en un discurso que en la comunidad de programadores se ha vuelto emblemático, explica lo anterior de la siguiente manera: “teníamos que decidir: o nos íbamos a la cocina a preparar este platillo de la manera que queríamos comerlo, (...) o nos comíamos lo que Microsoft quería que comiéramos. Prevaleció, simplemente la idea de la libertad” (Lula da Silva, 2009).

Por último, existe un tercer beneficio que se desprende del uso y la promoción del software libre desde las administraciones gubernamentales, que consiste en la posible apropiación ya no sólo de las herramientas informáticas en sí mismas, sino del modelo económico y social que el software libre trae implícito en su manera de funcionar, mismo que puede ser aplicado a diferentes ámbitos de la cultura. Esto es algo que Hugo Chávez explicaba diciendo que “esto de las tecnologías libres (...) va mucho más allá del software libre. (...) [Implica] apropiación del conocimiento (...) y [su] adaptación. (...) El conocimiento no puede ser privatizado, el conocimiento es universal como la luz del sol –nadie puede decir 'esta luz del sol es mía, yo la guardo aquí’...” (Chávez, 2006).

Con las palabras de Chávez, vemos cómo los principios del software libre se relacionan en general con el acceso y la posibilidad de adaptar el conocimiento, lo que nos remite a una de las premisas básicas del movimiento stallmaniano, a saber, que el conocimiento es un recurso común que no puede poseerse de manera privada.

El acceso a la información digital se ha vuelto un tema de enorme relevancia biopolítica que determina ya no sólo quién tiene el control de la tecnología, sino quién accede, controla y manipula la información necesaria para garantizar la propia vida.

A propósito de esto es importante subrayar que actualmente, ante la revolución tecnológica que ha sido capaz de traducir a código informático aspectos tan esenciales a la vida como el propio código genético, el acceso a la información digital se ha vuelto un tema de enorme relevancia biopolítica que determina ya no sólo quién tiene el control de la tecnología, sino quién accede, controla y manipula la información necesaria para garantizar la propia vida. Hay que reconocer, sin embargo, que pocos son los gobiernos e iniciativas que entienden en profundidad el impacto que los principios del software libre pueden tener en ámbitos tan complejos, y que aún cuando lo entienden no es fácil imaginar cómo esta concepción podría ser llevada con éxito a proyectos de administración pública a gran escala.

Ya que estamos mirando hacia las limitaciones que la implementación del software libre en las políticas de estado puede tener, es importante mencionar un hecho que, por obvio que parezca, no puede faltar en un balance sobre la implementación sudamericana de las tecnologías libres. Nos referimos al hecho de que las leyes y los decretos presidenciales, aunque tienen un efecto positivo sobre la recepción y opinión de la ciudadanía en este terreno, no necesariamente se traducen en acciones concretas o, dicho de otro modo, no son necesariamente respetadas por las instancias que deberían acatar las leyes.

Las leyes y los decretos presidenciales, aunque tienen un efecto positivo sobre la recepción y opinión de la ciudadanía en este terreno, no necesariamente se traducen en acciones concretas.

Existe, ciertamente, resistencia por parte de empresas e instituciones que están acostumbradas al software privativo o que se ven directamente beneficiadas por su utilización. Aunque en las agencias de administración pública que dependen directamente de la presidencia puede ser más fácil garantizar la migración efectiva, en instituciones como escuelas o instancias de gobierno local esto es más difícil de controlar. Además, hay que preguntarnos hasta qué punto todas estas iniciativas seguirán teniendo fuerza una vez que los gobiernos de los presidentes específicos que las apoyan finalicen, sobre todo si llegara a quedar en el poder la oposición.

Hay que aceptar, por otro lado, que a pesar del avance que desde las altas esferas gubernamentales se ha tenido, esto no se ve todavía reflejado en una aceptación y preferencia masiva de la ciudadanía hacia esta alternativa informática. De modo que podemos tener diversas oficinas funcionando con software libre, pero millones de personas tienen en sus computadoras personales, en sus teléfonos celulares, en sus ipods e incluso en sus relojes, sistemas operativos y aplicaciones privativas que son las que verdaderamente determinan el impacto social que la tecnología tiene en los usuarios de una determinada nación.

Y por si fuera poco, regresando a nuestro cuestionamiento sobre la posibilidad de aplicar los principios de la compartición libre a otro tipo de ámbitos culturales, hay que admitir que si en el caso del software ha habido, a pesar de todo, importantes y reconocibles avances, en campos en los que la tecnología sigue estando materialmente condicionada por la producción estadounidense y/o europea es mucho más difícil visualizar un progreso significativo. Sobre esto, basta pensar en la contradicción que implica la utilización de software libre en computadoras de hardware privativo.

Por todas aquellas razones, es importante decir que, aunque el tema de esta reflexión fue la incorporación del software libre a las políticas de Estado, el verdadero cambio que podría darse en este campo tendría que venir de la base social, esto es, de la ciudadanía, y no de los gobiernos que al final de cuentas son siempre transitorios y están inmersos en una red de intereses, conflictos y puntos de vista encontrados.

El movimiento de software libre nació como una iniciativa ciudadana, y así se ha mantenido desde su surgimiento hasta la actualidad, y el hecho de que muchos gobiernos estén adoptando sus principios y herramientas no debería hacernos olvidar su carácter social “de base”, sino acaso abrirnos puertas en las que somos los activistas, las organizaciones civiles, y sobre todo los ciudadanos “comunes y corrientes”, quienes podemos hacer la diferencia migrando hacia sistemas de producción y de consumo más libres y solidarios, imaginando juntos y juntas, como proponía Marx, una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción comunes.

Notas a pie:
fn1. Un sitio que contiene información fiable sobre las distintas reformas llevadas a cabo por estos y otros gobiernos, es la página de Wikipedia Software Libre en la Administración Pública: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_en_la_Administraci%C3%B3n_Pública.

BIBLIOGRAFÍA:
Chávez, Hugo, Mensaje sobre el Software Libre y la Propiedad Intelectual, en la inauguración del Cenditel (Centro Nacional de Desarrollo en Tecnologías Libres) el 10 de noviembre de 2006, (https://www.youtube.com/watch?v=z2EtQi9sl18), consultado el 06 de septiembre de 2014.

Colaboradores de Wikipedia, Software libre en la Administración Pública, en Wikipedia, La enciclopedia libre, (http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_libre_en_la_Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica&oldid=78083942), consultado el 11 noviembre de 2014, 16:02 UTC.

Lula da Silva, Luiz Inácio, discurso durante la Feria Internacional de Software Libre, 2009, (https://www.youtube.com/watch?v=KzPmVGM3pp4), consultado el 16 de septiembre de 2014.

Marx, Carlos, 2014, El Capital. Crítica de la economía política, Tomo I, Libro I, trad. Wenceslao Roses, Fondo de Cultura Económica, México, p.78.

Susarte Medina, Sundred, 2012, “La emigración al software libre es un asunto político”, en periódico Trabajadores, 23/02/2012, (http://archivo.trabajadores.cu/news/20120223/257886-la-emigracion-al-software-libre-es-un-asunto-polit), consultado el 10 de septiembre de 2014.

Última modificación: 24 de noviembre de 2014 a las 16:17