Licencias para el golpe de estado: el sabotaje a PDVSA

Ezequiel Acuña

Las leyes, el golpe y los paros

Está claro, por lo menos para América latina, que un golpe de estado no depende sencillamente de movimientos políticos o militares. Poco hay de improvisado, mucho de preparado, y, cuando se trata de derrocar a un movimiento popular, los intereses que operan por detrás son contundentes. Un gran ejemplo del papel de los medios masivos de comunicación se puede ver en el documental La revolución no será televisada, de Kim Bartley y Donnacha O’Briain, sobre el golpe de abril de 2002 que intentó derrocar a Hugo Chávez coronando como presidente de facto a Pedro Carmona (“Pedro, el breve”, como se burlaría después Chávez). Aunque se cifran en ese episodio golpista, los conflictos en Venezuela no se terminaron con la vuelta de Chávez a Miraflores (como tampoco lo harían después del inédito referendum revocatorio de 2004, posibilitado por la Constitución impulsada por el gobierno chavista).

En diciembre de 2002, después del fallido golpe, un paro petrolero continuó la ofensiva de las fuerzas contrarias a Chávez, en pie de guerra desde la aprobación, a mediados del año anterior, del paquete de leyes que logró el poder Ejecutivo por la Ley Habilitante. Para un país como Venezuela, cuya economía de mercado se basa principalmente en la extracción y refinamiento de petróleo para la exportación desde mediados del siglo XX, la paralización de PDVSA tenía consecuencias políticas y sociales tan grandes como un golpe de estado. La desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela, es decir, la industria petrolera, era sin lugar a dudas un intento por asfixiar al gobierno y forzar la renuncia del presidente que los medios de comunicación y la oposición no se cansaban de pedir.

A mediados de 2001, el gobierno de Chávez había conseguido la aprobación de un paquete de 49 leyes que apuntaban fuertemente contra el sector económicamente dominante. Entre los cambios más importantes respecto de la actividad petrolera se cuentan las modificaciones sustanciales a los dispositivos de captura de la renta. La nueva legislación incrementaba la regalía por un lado, y por el otro equiparaba los impuestos sobre la renta con las restantes actividades económicas del país. La Ley Orgánica de Hidrocarburos incrementaba al 30% el tributo que debían rendir las transnacionales por extracción petrolífera y establecía para el estado una participación mínima del 51% en las sociedades mixtas. La Ley de pesca y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por otro lado, intentaban beneficiar a los pequeños productores, pescadores artesanales, y campesinos que cultivaran pequeñas extensiones, ponía restricciones a la pesca de arrastre y permitía expropiar latifundios, respectivamente.

Frente al paquete de leyes, el poderoso gremio empresarial Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), que representa al gran capital nacional y agrupa tanto a la Industria, Financieros, energía y transportes como a los medios de comunicación, convocó un paro junto con la central de trabajadores CTV para el 10 de diciembre de 2001. De ahí en más, los pedidos de renuncia para Chávez no cesarían, y la escalada sería directa hasta el golpe de abril de 2002.

El control de la petrolera estatal PDVSA era uno de los puntos centrales del conflicto. Chávez sostenía que sus directivos mantenían a la empresa como una “caja negra” porque se negaban a dar informes internos y entregar cuentas claras de los altos gastos de la empresa. La cúpula de PDVSA tenía una autonomía tal respecto del Estado venezolano que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana priorizando los intereses empresariales. Vale decir que desde su nacionalización en 1975, PDVSA pasó muchos años sin pagar dividendos a su único accionista, el Estado, hasta que en 1994 la crisis financiera obligó al gobierno de turno a reclamar por primera vez un pago. Pero todos los mecanismos diseñados con la nacionalización para darle participación al fisco habían sido desmantelados. La gerencia media continuaba fiel a su política de vender grandes cantidades de crudo a bajos precios mientras que Chávez intentaba fortalecer la OPEP y mantenerse dentro de las cuotas de producción asignadas.

En la disputa generada alrededor del paro del 9 de abril de 2002, Chávez designó una nueva junta directiva y despidió a la plana mayor de PDVSA. El conflicto derivó en las movilizaciones del 11 de abril, los enfrentamientos callejeros y, finalmente, el golpe de estado que mantuvo a Chávez alejado del gobierno por dos días. Después de la épica reconstitución del gobierno chavista, la tensión estuvo lejos de desaparecer y si bien se abrieron canales de diálogos, la reticencia de la cúpula empresarial de PDVSA a desprenderse del modelo administrativo liberal dieron como resultado un nuevo “paro cívico nacional” convocado por la Fedecámaras para el 2 de diciembre que tenía como objetivo declarado la renuncia del presidente Hugo Chávez.

Al principio el paro de diciembre de 2002 incluyó a las patronales y sindicatos afiliados a la CTV, pero los directivos de PDVSA no tardaron en sumarse. Los medios de comunicación privados sustituyeron toda su programación y emisión de publicidad por una cobertura política de 24 horas al día. Y la tensión aumentó cuando el 4 de diciembre los canales de televisión y radio comenzaron a transmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, ubicado en el Lago de Maracaibo. El tanquero permaneció fondeado durante 17 días. A la tripulación del Pilín León le siguieron las de los demás tanqueros, y personal de distintas áreas, entre ellos, profesionales y técnicos informáticos. El Pilín León tenía sus tanques llenos de crudo, lo cual obligó a detener el flujo desde algunos pozos de PDVSA occidente, una medida bastante costosa si se tiene en cuenta que el petróleo se solidifica y la reactivación es prácticamente como una nueva perforación.

El 21 de diciembre de 2002 el gobierno logró movilizar el Pilín León, pero una nueva embestida llegó desde el saboteo mecánico, como el cierre de llaves, y el saboteaje electrónico, apagando los sistemas y desconfigurando las redes.

La empresa que brindaba servicios informáticos a PDVSA, llamada INTESA, también se unió al paro.

Sabotaje

En los primeros días de 2003, la oposición a Chávez seguía proponiendo la apertura de espacios a la inversión privada en el sector energético, la privatización de las empresas eléctricas y un recorte del gasto público en infraestructura. El 6 de enero de 2003, José Curiel, firmante del decreto de Carmona en representación del tradicional partido COPEI, y quien supo ser Ministro de Obras Públicas, planteaba en la Comisión Proyecto País para un futuro post Chávez “dar autonomía a PDVSA”, “inversión privada en salud y descentralización en educación”.

Unos días más tarde, en el Aló presidente del 18 de enero, Chávez anunció la rescisión del contrato entre PDVSA y la empresa INTESA, y la toma de los centros de servidores de La Campiña y de cómputo de Chuao. Las conversaciones con INTESA (con 60 por ciento de accionistas estadounidenses) para que colaboraran con la reactivación de los sistemas de PDVSA, no habían alcanzado ningún punto de negociación. INTESA había cerrado sus centros de atención para el gobierno y aquellos trabajadores que intentaban hacerle frente al sabotaje. Pero tampoco se había mantenido al margen; INTESA estaba lejos de ser neutral.

Durante el conflicto petrolero, en las semanas anteriores al anuncio de Chávez, habían circulado por internet denuncias de que ex-empleados de PDVSA estaban ingresando de manera remota a los sistemas informáticos de la petrolera y saboteando los trabajos de rearranque de la compañía. La confirmación vendría por varios empleados de INTESA que se habían negado a participar del sabotaje, explicando que INTESA había colaborado con el secuestro del servidor y las claves de acceso de los empleados de PDVSA de la sección de sistemas informáticos, bloqueándoles la posibilidad de acceder a la red desde donde se ejecutaban los sistemas administrativos y corporativos de la petrolera. Pero el problema mayor era que Intensa proveía los servicios de control de sistemas para el manejo automatizado de las válvulas y sistemas de llenado. Las acusaciones de sabotaje contra INTESA incluyeron también la manipulación de casillas de correos electrónicos internos y el envío de información falsa desde adentro de PDVSA que intentaban causar conflictos internos.

El artículo de Leandro R. León en este mismo número de Pillku da detallada cuenta de lo que pasó allí dentro.

INTESA y la CIA

INTESA, por “Informática, negocios y tecnología SA”, era una empresa de outsourcing en materia de informática creada en 1999 por PDVSA y SAIC (Science Applications Internacional Corporation). Su función: controlar todo el sistema de información de la petrolera estatal venezolana. Mientras que el capital inicial lo aportó Venezuela, el 60% del joint venture quedó en manos de la extranjera SAIC, presidida por Roger D. Brown, ex-director del Global Oil and Gas Initiatives. Por su parte, en el 2003 el director de SAIC era Bobby R. Inman, almirante retirado de la marina estadounidense y director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde el 12 de febrero de 1981 hasta el 10 de junio de 1982. Otros militares retirados formaban el equipo de gerencia de SAIC.

Bajo la justificación de que ese esquema de trabajo tercerizado en INTESA permitiría hacer descender los costos en los servicios de computación, INTESA pasó a controlar la información de la totalidad de las computadoras de la petrolera venezolana. El argumento tampoco era muy sólido: SAIC cobraba a su socia PDVSA cerca de 80 millones de dólares, un número realmente alto para el servicio, por controlar toda la información vital de la petrolera. Sus servidores alojaban todos los datos financieros, técnicos, presupuestarios y de negocios de la empresa. Y además, los movimientos de dinero entre PDVSA e INTESA no parecían estar del todo claros.
Según el artículo El golpe de estado fue petrolero de Pablo Hernández, Elie Habalián y Víctor Poleo, en Soberanía.org, el informe del comisario de PDVSA de 2001, en su página 14 dice “… se realizó la evaluación del acta de Mutuo Acuerdo (sic) entre INTESA y PDVSA, en la cual se determinó que INTESA realizó cobros indebidos (sic) por el orden de 55 millones de dólares; sin embargo, PDVSA consideró conveniente, luego de un proceso de negociación (sic), aceptar sólo la cantidad de 2.2 millones de dólares”. Era evidente que los intentos del gobierno de Chávez por obtener claridad sobre los números de PDVSA generarían conflicto en con la Junta Directiva y no serían bienvenidos por una empresa como INTESA, excesivamente ligada a PDVSA.

Por ese entonces, las ganancias anuales de SAIC eran de 2 mil millones de dólares y en un 90 por ciento provenían de contratos en el área de defensa e inteligencia con el gobierno de Estados Unidos. Entre otras cosas por ser la encargada de desarrollar el sistema informático de defensa del Departamento de Defensa, además de trabajar en el interior de las principales petroleras del mundo y haber ganado los contratos más importantes para el diseño de sistemas de defensa y ataque aeroespacial del gobierno de Estados Unidos.

Según el artículo de Ralph Alexander Foster y Tulio Monsalve, de donde proviene gran parte de la información que figura en estas líneas sobre INTESA: *“Sin duda es por el nombre de sus directores que SAIC ha conseguido sus contratos con la administración estadounidense. Veamos algunos de ellos: almirante Bobby Inman, director principal de la CIA; Melvin Laird, secretario de Defensa del ex presidente Richard Nixon; general retirado Max Thurman, comandante de la invasión de Panamá, y Donald Hicks, jefe de investigaciones del Pentágono. A estos ‘tradicionales’ hay que agregar nuevos miembros del directorio: Robert Gates y John Deutsch, ex directores de la CIA; y William Perry, ex secretario de Defensa”. *

Otro miembro, J.R. Beyster, formaba parte del Comité Asesor de Seguridad en Telecomunicaciones, un selecto organismo de 30 personas asociado con los dueños de las sociedades privadas de producción de tecnologías de control y espionaje de las comunicaciones.

Una vez más, es fácil preguntarse cómo no iba a causar revuelo la intención del gobierno chavista de tener una imagen más afilada de lo que estaba pasando dentro de PDVSA. De la misma forma, no hay que ser paranoico para asumir, de una vez por todas, que el golpe de abril y el paro petrolero de diciembre de 2002 fue mucho más que una movilización cívica.

El decreto

El rescate del cerebro de PDVSA, nombre que eligió Chávez para explicar lo que se ponía en juego en el sabotaje a los sistemas informáticos de la petrolera, llevó al gobierno venezolano a acercarse a los grupos de software libre, cuyos integrantes habían colaborado en las actividades de rescate. En la crónica de Leandro R. León en este mismo número de Pillku se puede leer más en detalle el día a día del sabotaje y las tareas de recuperación y contención del ataque. Otro tanto se puede ver en el documental Rescate del cerebro de PDVSA.

El 28 de septiembre de 2004, en un acto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Chávez dijo estar trabajando en un decreto “para establecer en Venezuela, de manera oficial y obligatoria, el fomento, la adopción y uso del software libre para la administración pública’’ con la intención de apuntar a la independencia tecnológica e informática, camino que ya había preanunciado Brasil. Unos meses más tarde, el 23 de diciembre de ese mismo año, firmó el decreto 3.390, publicado cinco días después en la Gaceta Oficial, que dicta que el Estado debe promover el uso generalizado del software libre y utilizarlo en la administración pública.

El decreto considera en primer término que el uso y la promoción de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos es fundamental para el fortalecimiento de la industria del software nacional. A su vez, se reconoce en el SL la posibilidad de reducir la brecha social y tecnológica en menor tiempo y con costos menores. A nivel de la administración pública, se considera que el desarrollo de SL con estándares abiertos facilita la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, mejorando la velocidad y calidad de la respuesta a los ciudadanos desde el gobierno. De esa forma, en el artículo n°1 el decreto establece como prioridad para la administración pública el empleo de Software Libre desarrollado con estándares abiertos y la necesidad de un proceso de migración gradual y progresivo.
Bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) no sólo quedaba la responsabilidad de brindar soluciones a las otras instituciones públicas sino también los programas de capacitación de funcionarios y el establecimiento de mecanismos con los demás entes y órganos de la administración pública. El MCT se convertía así en responsable de proveer la distribución de SL de estándares abiertos para el Estado venezolano.
Por otro lado, los artículos 5, 6 y 8 del decreto 3390 establecían que el poder ejecutivo debe fomentar la investigación y el desarrollo de SL con incentivos especiales, fortalecer el desarrollo de la industria nacional del software con la construcción de una red de formación y de servicios especializados en SL, y promover el uso generalizado del SL en la sociedad capacitando usuarios. Como es evidente, estos artículos fueron de los más promisorios y también los más difíciles de llevar a cabo, aunque los esfuerzos siguen puestos en esos objetivos y algunos resultados son más que evidentes.

El artículo 13 ponía en el MCT la responsabilidad de que los planes y programas contemplados en el decreto fueran promovidos teniendo en cuenta la preservación de la identidad y las necesidades culturales del país, desarrollando sistemas operativos y aplicaciones adecuados a la cultura, incluida la de los grupos indígenas.

Resultados y tensiones

El decreto produjo algunos cambios interesantes en la plataforma tecnológica del Estado venezolano, no tantos ni tan profundos, sobre todo porque las instituciones de la administración pública no lo han cumplido a rajatabla y las tensiones dentro del Estado entre la compra de licencias y el uso de SL aún continúan. Sin embargo, son varias las instituciones públicas que emprendieron proyectos de desarrollo con software libre. Y está claro que el decreto estableció una base de comunicación entre el gobierno y los sectores militantes del SL, instalando el tema y otorgando una base para el reclamo. En todo caso, no deja de ser subrayable el hecho de que el presidente Chávez haya ordenado vía decreto la utilización de SL: resulta, en última instancia, un reconocimiento bastante directo del poder político a las tecnologías desarrolladas con Software Libre.

Aunque entre los considerandos del Decreto 3.390 no se mencionara la soberanía y la independencia tecnológica, es evidente que el sabotaje a PDVSA, llevado a cabo gracias a su sistema dominado completamente por tecnologías cerradas y privativas, administradas por empresas transnacionales con intereses muy diferentes de la soberanía nacional venezolana, fue uno de los disparadores principales de esta medida.

Unos meses después, ya en julio de 2005, Chávez aprobaría el Plan de Migración de Software Libre, elaborado con el consenso de la casi totalidad de los órganos y entes de la administración pública venezolana a través del Comité Tecnológico impulsado por la Oficina de Tecnologías de Información del MCT. Así y todo, la respuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encargado del Plan, tuvo poco de ágil y bastante de perezosa. Durante el año 2005 las agrupaciones de software Libre acusaron recibo de la apatía del MCT a las recomendaciones y propuestas de mesas de trabajo y discusión.

Más aún, entre febrero y marzo de 2006, el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), dependiente del MCT, inició negociaciones con las multinacionales IBM, Hewel Packard y Microsistem para que le brindaran al Estado soporte tecnológico dentro del Programa Nacional de desarrollo de software libre, hecho que fue denunciado por las agrupaciones como SOLVE (Asociación de Software Libre de Venezuela).

En esos mismos meses se discutía la Ley de Tecnologías e Información, que tenía originalmente la intención de convertir en ley el decreto 3.390, extendiendo la obligatoriedad del SL a todos los poderes públicos. El proyecto se vio frustrado cuando el diputado del Movimiento Quinta República, Luis Tascón, encargado de la redacción de la Ley, se entregó al lobby norteamericano. El 12 de mayo de 2006, cuando se discutió el artículo 75 de la ley referente al uso de Software Libre en el Estado, Tascón impuso un artículo 75 ya redactado que no tenía en cuenta las redacciones alternativas de las comunidades de Software Libre. Acusó a la comunidad de SL de sabotear el proyecto de Ley. Pero acató los reclamos de los representantes de Microsoft (sentados en la mesa de redacción) cuando estos estuvieron en desacuerdo con la aclaración en la ley de que el código fuente debía ser aportado con los elementos que lo hicieran entendible y ejecutable, incluyendo el de todos sus componentes que necesita para funcionar.

Desde mediados de 2005, una comisión de la comunidad de SL, integrada por agrupaciones tales como Solve, Unplug y Velug, había estado trabajando en el proyecto de ley con el apoyo de Tascón, impulsor y encargado de introducirlo oficialmente en el Parlamento. Posteriormente, el mismo Tascón lo sacó de la Asamblea Nacional sin informar a la comunidad ni dar ningún tipo de explicaciones sobre aquella decisión. Durante la discusión de la ley, estas agrupaciones acusaron a Luis Tascón de vulnerar sus derechos a participar en las discusiones y denunciaron la presencia de corporaciones transnacionales como IBM y Microsoft, comparándolo, y con razón, con que el FMI estuviera presente en la redacción de la Ley de Finanzas. Según las denuncias, Microsoft se dedicó a diluir el decreto presidencial, modificando el proyecto de ley para que alterara de forma confusa y ambigua la redacción original que seguía al decreto 3390, casi hasta oponer la ley al decreto, bajando los requisitos que pedía para el software el Estado.

El desconcierto por el viraje del diputado Tascón fue grande. Las explicaciones eran, sin embargo, evidentes. En un cable de junio de 2006 de la embajada estadounidense en Caracas, publicado por wikileaks, y dirigido al Departamento de Estado, se informaba que Gonzalo Fernández Tinoco, Gerente General de Microsoft le había entregado a la embajada un memo interno de la petrolera estatal PDVSA en donde se denunciaba la posibilidad de que el software propietario comprometiera su seguridad. El mismo comunicado muestra gran preocupación por parte de la embajada sobre la Ley de Infogobierno que estaba en tratamiento y lo ubica a Tascón “del lado de los proveedores del software comercial”. A su vez, expresa que “acudió al Foro de Liderazgo Global en Washington, D.C., como invitado de Microsoft, donde se reunió con Bill Gates”, viaje después del cual Tascón dejó de apoyar a la comunidad de SL y comenzó a trabajar, como dice el cable publicado por Wikileaks, “para enmendar la ley y permitir que cada entidad gubernamental elija entre Software de Código Abierto o Software Comercial de acuerdo a sus necesidades”, mucho más de acuerdo con los intereses empresariales de Microsoft e IBM.

Finalmente, el proyecto de Ley propuesto por Tascón no fue aprobado. En la actualidad se planea reflotar el proyecto y la Asamblea Nacional lo cuenta entre sus metas para este año 2012. Recientemente, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación distribuyó el informe sobe el Proyecto de Ley de Inforgobierno para someterla a consulta pública antes de ser presentada en una segunda discusión.

Canaima: libre y bolivariano

Desde la oficialización del decreto 3.390 hasta la actualidad las tensiones se han expresado en denuncias y explicaciones, desde el desacato de algunas instituciones públicas, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología que pretendía usar Red Hat cuyo sistema no se adapta completamente a lo estipulado por el decreto hasta la compra de licencias de Windows para las computadoras fabricadas por VIT.

En el 2011, Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), empresa del estado que emsambla computadoras mayormente para los entes públicos, triplicó su récord de producción al ensamblar unos 174 mil equipos, entre modelos de escritorios y laptops que tienen como destino tanto los hogares venezolanos como las instituciones públicas. Todas las computadoras de VIT tienen instalado Canaima, el Sistema Operativo venezolano diseñado en base a Debian.

Sin embargo, algunas de las instituciones, como es el caso de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV) exige a VIT que los equipos vengan con doble booteo y equipados tanto con Windows como con Canaima. La gaceta oficial de VIT del 17 de abril de este año 2012 anunciaba que por las exigencias de CANTV se hacía necesaria la compra de 205 mil licencias de Windows 7 Home Basic por un total de 12 millones y medio de dólares. La aprobación de la compra de licencias de Windows por el CNTI sorprende si se tiene en cuenta que el Estado venezolano ha invertido bastante en crear y mejorar Canaima GNU/Linux, basado en SL, creado y mantenido por el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI). Canaima ya está instalado en miles de computadoras de entes públicos y en más de un millón y medio de Canaimitas, las portátiles entregadas por el gobierno a los niños en edad escolar para fortalecer la educación tecnológica. El pago de licencias a Microsoft resulta poco estratégico allí cuando un buen producto como Canaima requiere de cierta inversión para poder mantenerse al día y adaptarse a las variadas necesidades de entes públicos, instituciones, grupos y colectivos que solicitan versiones específicas del SO día a día. Dos argumentos principales fueron esgrimidos por CANTV. El primero fue que Canaima carece de centro de soporte para resolver problemas técnicos. Varios proyectos intentan producir mejoras sustanciales sobre las prestaciones de Canaima. Uno de ellos, precisamente, es conformar una red nacional de soporte técnico estructurada por el CNTI. Otro se trata de la elaboración de bases de datos de arquitecturas de hardware para los diferentes modelos de VIT, en respuesta al segundo argumento de CANTV de que ciertos hardwares no funcionan con Canaima. Esto permitirá una mayor claridad respecto de qué elementos son compatibles con el sistema operativo venezolano, cuáles necesitan desarrollo de drivers, cuales están en proceso y cuales están fuera del alcance por limitaciones de los proveedores. Con ese desarrollo se puede informar a la industria qué equipamiento de los que se están comprando puede ser certificado con Canaima.

Como se trata de un proyecto de desarrollo dentro del CNTI, para su continuidad Canaima GNU/Linux está condicionado a solicitar financiamiento del Fonacit todos los años. Los proyectos de este tipo suelen tener un fin más o menos claro, cosa que no pasa con Canaima, necesitado de desarrollo constante y actualización. Una propuesta todavía fresca, salida de la comunidad de software libre, es la creación de un ente público que se encargue de darle figura jurídica al Proyecto Canaima, y que este pase a ser una actividad estratégica del Estado. Se trataría, en todo caso, de un formato similar al de proyectos como Debian que en españa cuenta con una figura jurídica para recibir donaciones como el Cenatic.

Canaima GNU/Linux y la entrega de Canaimitas probablemente sea uno de los mayores logros del gobierno de Chávez a nivel de determinación tecnológica nacional. Más allá de Canaima, las tensiones con la comunidad del software libre continúan y el gobierno no se ha dedicado más que a cierto apoyo promocional. Pero los logros respecto del SO Canaima y el desarrollo de aplicaciones, tales como el software para personas con discapacidad que bajo Windows implicaría una licencia de 900 dólares por computadora, dibuja una promesa en la unión entre el gobierno bolivariano y las comunidades de Software Libre.

Lo mejor es ver una relación fresca que puede mejorar. En el pasado junio de 2012, después de la polémica compra de licencias, más de 30 colectivos de software libre tuvieron un encuentro promisorio con las autoridades del MPPCTI en donde se acordaron mesas de trabajo entre miembros del Ministerio, de las comunidades y de CANTV. La migración al SL fue una de las preocupaciones principales, fundamental para continuar con los planes de alfabetización y formación tecnológica dentro y fuera de los organismos estatales.

Por otro lado, recientemente, la Ley de Interoperabilidad (más exactamente: Ley sobre el Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos del Estado), que busca interconectar los entes públicos entre sí para que compartan la información entre ellos y facilitar los trámites administrativos, exige el uso de estándares abiertos, que no estén atados a una empresa, producto comercial en particular, ni licencias que impongan el pago de regalías e impidan el uso libre y gratuito. Es, a su vez, la primera ley que exige específicamente, en su artículo 35, el uso de software libre para la plataforma de interoperabilidad. Esta ley fue una de las 11 leyes aprobadas por Chávez a través de su Ley Habilitante del 15 de junio, y afectará a 3 mil entes públicos, que tendrán dos años desde la publicación de la ley para el establecimiento de los estándares y plataformas tecnológicas, momento en el cual estarán en la obligación de comenzar el intercambio de datos.

Otras noticias de los últimos meses prometen avances similares. En acuerdo entre el CNTI y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai), se inició en julio de 2012 un taller de “Evaluación de Normativa Legal en Materia de Tecnologías de Información (TI) Libre, Aspectos Técnicos”, en las instalaciones de la Academia Nacional de Software Libre. El objetivo es la formación de 75 auditores internos para 25 instituciones públicas para el relevo del estado actual de la administración pública venezolana y la evaluación del cumplimiento de la normativa legal vigente en tecnologías de información libres.

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