¿Confinadas a espacios privados?

Casos reciente en Colombia, Latinoamérica e hispanoamérica han explotado en redes sociales y medios de comunicación a sólo días de la conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, dejando un panorama claro: es hora de actuar, hablar, crear y poner al alcance herramientas que visibilicen la violencia de género en entornos digitales.

A principios del año, en Colombia se desataba un escándalo que involucraba funcionarios públicos. El caso estalló después que la abogada Astrid Helena Cristancho hiciera públicas las denuncias por acoso sexual y laboral al entonces Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, (quien renunciaría al cargo día después). Las acusaciones se tomaron los medios y las redes sociales gracias al periodista Daniel Coronell, quien en su columna en la Revista Semana, revelaba conversaciones a través de la aplicación de mensajería Whatsapp en la que el Defensor del Pueblo enviaba mensajes pasados de tono y fotografías íntimas. De acuerdo a Cristancho esta nunca sostuvo una relación consensuada con Otalora y le pidió en repetidas ocasiones que se abstuviera de mandar estos contenidos.

Es hora de actuar, hablar, crear y poner al alcance herramientas que visibilicen la violencia de género en entornos digitales.

En estos hechos no sólo preocupa el acoso sexual al que fue sometida la víctima, usando tecnología, sino la respuesta que se generó después en redes sociales, y el trato de los medios de comunicación a la denunciante.

Por un lado, el público general puso en duda si Cristancho en efecto había sido acosada laboral o sexualmente: lo tildaron como una simple pelea de pareja, muchas y muchos acusaron a la abogada de buscar, a través de un escándalo, visibilidad en los medios. Cuando compañeros de Cristancho, hombres, renunciaron a sus puestos también por acoso laboral, nadie lo puso en duda. Fueron tantos los comentarios sexistas generados, que no se hicieron esperar los memes: en uno de ellos se podía ver una fotografía de Cristancho y una leyenda que decía “¿amiga y ese Iphone 6, rosado, de última generación? #Bendecida y #Afortunada” los cuales son hashtags utilizados en Colombia para referirse al aparente interés de mujeres para estar con un hombre que tenga cierto poder económico. Aquí un ejemplo de lenguaje en redes que promueve la violencia de género. En medio de la noticia se señaló que la ex secretaría del defensor también había sido acosada, pero por temor no había denunciado. Los medios por su parte llamaron una y otra vez a Cristancho “exreina” en sus titulares, a un lado dejó su profesión de abogada, aunque fue ejerciéndola que se produjo la violencia.

En el mismo país a mediados de febrero Vicky Dávila, entonces directora de La FM decidió divulgar un video en el cual el Viceministro del Interior Carlos Ferro y el alferez de la policía Anyelo Palacios sostenían una conversación íntima. El video fue mostrado por el medio de comunicación como una prueba de la comunidad “El Anillo”, una red de prostitución dentro de la policía nacional colombiana.

En evidencia quedó que, aunque muchos colombianos dicen no ser homofóbicos, bien perpetúan, comparten y difunden los mensajes que castigan y ponen en burla a individuos por su orientación sexual.

Varias cosas preocupan del caso, no nos vamos a centrar en todas. Nos compete hablar sobre todo de la oleada de comentarios sexistas que se ganaron el foco principal. Para la sociedad colombiana lo que importó y preocupó no fue que existiera una red de prostitución dentro de una de sus entidades públicas y de la cual muchos policías han sido víctimas, sino la orientación sexual de éstos y de diferentes miembros del Congreso Nacional. Miles fueron los memes con mensajes “sutilmente homofóbicos”, que ante todo ponía en burla que un hombre decidiera ser abiertamente gay. En evidencia quedó que, aunque muchos colombianos dicen no ser homofóbicos, bien perpetúan, comparten y difunden los mensajes que castigan y ponen en burla a individuos por su orientación sexual. El campo de batalla y difusión de esta violencia: los entornos digitales.

Hace sólo unos días en el periódico El País, Cali, un medio nacional colombiano, se daba a conocer la captura de un ingeniero sindicado de pornografía infantil. De acuerdo al artículo, el hombre se hacía pasar por su hija menor, creando un perfil falso, para contactar niñas de aproximadamente 10 años de edad para, posteriormente, acosarlas sexualmente y concretar encuentros sexuales. Si bien en la nota se indica que los encargados de las investigaciones son el grupo élite de delitos informáticos del CTI, y las presuntas pruebas que hasta ahora tienen del sindicado pertenecen todas a los entornos o herramientas digitales, los cargos que al final se reseñan como aquellos a enfrentar no mencionan ningún delito informático (como suplantación de identidad, acoso sexual en línea, posible pornovenganza) o violencia de género en entornos digitales. Esto es una muestra de cómo las autoridades no saben cómo ejercer las leyes en la era digital y cómo se cree, que estos por suceder en la red, estos casos no son reales.

Pero, ¿qué tal si hablamos de un caso que se ha viralizado y que tiene a millones de latinoamericanos comentando, publicando y manifestándose en las redes? Me refiero al caso de los feminicidios de las turistas argentinas Marina Menegazzo y María José Coni, en las playas de Montañita, Ecuador. Mientras escribo estas líneas, aún no es claro si los asesinos actuaron por cuenta propia o si estamos frente a un caso de trata de blancas. Lo que sí queda evidenciado es a la violencia que, aún después de muertas, somos objeto las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, como se nos tilda de responsables de nuestros propios asesinatos y la multiplicación de discursos de odio hacía la mujer a través de la red.

Las autoridades no saben cómo ejercer las leyes en la era digital.

¿Por qué viajaban solas?, ¿estarían tomando o bailando esa noche?, ¿qué ropa usaban?, viajar echando dedo y conversar con muleros, ¿qué estaban pensando?, ¿quién sabe qué buscaban con los chicos que las asesinaron?, ¿andaban drogadas? Todas y cada una de estas frases son manifestaciones misóginas.

Catalina Ruíz Navarro, periodista y feminista colombiana, en su artículo ¿por qué tan solitas?” decía: “Poco a poco y ‘por seguridad’, las mujeres terminamos confinadas a los espacios privados, en donde, para mayor horror, también somos blanco frecuente de violencia doméstica. Al final resulta que no hay tal cosa como un lugar ‘seguro’ en donde las mujeres podamos estar o, al menos, no cuando el machismo y la misoginia habitan todos los espacios”. Y es que es inminente y palpable: el Internet también está en disputa: se trata de la utilización de nuevos canales para ejercer violencia de género. Lo preocupante es que no se reconoce como tal.

Derechos como la privacidad y la libertad de expresión ¿reciben trato diferente cuando se es una mujer o un integrante de las comunidades LGTTTBI quien habita los entornos digitales? Revisando los casos anteriormente mencionados, tenemos que dar un rotundo sí.

A partir de todas las manifestaciones que surgieron en la web por el caso de las argentinas, Guadalupe Acosta, estudiante paraguaya, escribió una carta que se ha vuelto viral. En ella podemos leer una parte del texto que señala que el mundo digital, como el real, es diferente para las mujeres: “para el mundo yo no soy igual a un hombre. Morir fue mi culpa, siempre va a ser”. Artículos como el de bigbangnews en el que un psicólogo apunta que “puede resultar odioso decir que se pusieron en riesgo, pero seguirán muriendo mujeres si no toman precauciones”, es una muestra de la frase de Acosta: el asesinato de una mujer a manos de un hombre es culpa de ellas y solo de ellas. Así lo dictaminan los hombres.

A medida que internet sigue su evolución y —son más las personas que participan de ella— se puede evidenciar una evolución de las formas de violencia. Las de género puntean en las que más se dan dentro del ciberespacio: “en los últimos años, las distintas manifestaciones de la violencia de género han evolucionado hasta convertirse en un una realidad mucho más difusa, con ramificaciones complejas, no siempre fáciles de detectar, y que requieren un replanteamiento de nuestras posiciones para combatir” comentaba la abogada Camino García Murillo, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información, en un artículo en el portal del colegio de abogados de Málaga en 2015.

Internet como espacio político, nos sitúa en un entorno en el que como mujeres e integrantes de grupos minoritarios debemos reclamarlo como espacio de participación, ejercer nuestros derechos y exigir que se estos sean respetados. La apropiación de la tecnología y el reconocimiento de las maneras en las que se ejerce la violencia y qué pasos seguir para contrarrestrarla, son acciones que deben poner en pie de lucha tanto a mujeres como miembros de las comunidades LGTTTBI.

Y es que cuando las víctimas se deciden a actuar, no saben cómo hacerlo. No saben qué pruebas deben presentar; desconfían de iniciar acciones legales y desconocen a qué información o recursos pueden acceder para encontrar a rutas que les ayuden en su situación. Una de las problemáticas más preocupantes en cuanto a violencia en línea es el tema del anonimato y la distancia que las TIC permiten a los victimarios o victimarias, lo que dificulta identificarlos y denunciarlos ante la justicia. Es importante mencionar que en Colombia no existe regulación específica respecto a la violencia ejercida en entornos digitales hacia mujeres, no hay estrategia de abordajes o control jurídico definidos por el Estado.

El reconocimiento de las maneras en las que se ejerce la violencia y qué pasos seguir para contrarrestrarla, son acciones que deben poner en pie de lucha.

Es necesario que las mujeres sepan enfrentarse a los diferentes tipos de violencias en línea de manera asertiva; que las autoridades competentes tengan la capacitación necesaria y requerida para atender denuncias por violencias de género en línea, y que la población en general se sensibilice al respecto aprendiendo a respetar la diversidad de ideas y promoviendo el debate abierto y plural. Son diferentes las campañas que se han generado en alternativa a la falta de leyes, que buscan visibilizar, contrarrestar y proveer recursos a las víctimas.

Alerta Machitroll, es una de estas campañas, la cual invita a identificar y detener el crecimiento de la violencia hacía las mujeres y grupos LGTTTBI. Además incentiva a las usuarios y usuarios a desarrollar como práctica permanente capturas de pantallas de estos ataques a través de Internet, para luego compartirlos y debatir al respecto. Las capturas de pantalla son prácticas necesarias que pueden servir posteriormente como pruebas en casos encaminados a la ley. Por último, presenta una página de recursos en la cual las víctimas pueden encontrar rutas de denuncia, vídeos de periodistas, textos y debates que pueden ayudar.

La violencia de género en entornos digitales causa daños principalmente psicológicos y emocionales que pueden escalar hacia el abuso físico en la vida real y segregan a los individuos y grupos. Por ello se hace cada día más y más necesario pensarnos y construir un internet sin violencia.