Comercio electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se oiga

Uno de los temas de la agenda de la Reunión Ministerial de la OMC en Buenos Aires, con mínimos acuerdos, es la propuesta de abrir negociaciones sobre el comercio electrónico. Un tema sobre el cual numerosas organizaciones y personas hemos estado advirtiendo que no es conveniente para los países en desarrollo, para nuestros PyMES, ni para la ciudadanía en general.

Hoy el comercio en bienes y servicios digitales está remplazando, aceleradamente, el comercio en bienes y servicios físicos, en numerosas áreas, y eso se extenderá mucho más con el “Internet de las cosas” y la inteligencia artificial. En principio, el comercio electrónico podría traer muchos beneficios, para crear empleos, innovación, entre otros. No obstante, el problema es que, en ausencia de regulaciones, la transición hacia lo digital en muchas áreas favorece una mayor concentración –cuando no monopolización–. Es justamente lo que estamos viendo, cuando un 50% del comercio electrónico en el mundo hoy pasa por Amazon.com, mientras que Google y Facebook concentran gran parte del mercado publicitario en Internet.

Quienes proponen estas negociaciones argumentan que favorecerán a las PYMES; pero las pequeñas empresas son las que menos podrán competir con estas corporaciones, que tienen los beneficios de escala, subsidios, infraestructura nacional, avances tecnológicos, etc. Lo que necesitan son regulaciones y políticas nacionales que les den oportunidades de desarrollar su capacidad tecnológica, acceso preferente a mercados y competencias.

Pero las medidas vinculantes que los países desarrollados quieren imponer en la OMC (y que de hecho ya se habían negociado en los acuerdos comerciales TPP y TISA), buscan más bien la desregulación, y priorizan cláusulas cuyo efecto será reforzar aún más esta concentración de poder en unas pocas grandes empresas transnacionales (ENTs).

Esta agenda pro-ENT, impulsada desde 2016 por EE.UU., y ahora por Europa y Japón (dada la política unilateralista del gobierno de Trump), implicaría, entre otros:

– El “libre flujo de datos”, que en la práctica significa que los datos personales de todos y todas se convierten en un commodity que las grandes corporaciones pueden llevarse y explotar, con grandes ganancias, sin ningún beneficio personal ni colectivo para quienes entregan los datos. Significa también que nuestros países poco podrán hacer para proteger la privacidad de su ciudadanía, ya que se aplicarán las leyes del país donde se almacenan los datos (que en el caso de EEUU, son poco favorables para su población nacional y casi nulos para los usuarios extraterritoriales).

Vale tener presente que los datos son muy codiciados en tanto insumo básico de la economía digital. Si los países en desarrollo renuncian a la posibilidad de regular adecuadamente su extracción y uso (por ejemplo con exigencia de almacenamiento local de datos), estarán sacrificando la posibilidad de sacarles provecho para desarrollar su propio sector tecnológico.

– Se negaría a los países en desarrollo la posibilidad de exigir a los inversores transferencia tecnológica, lo que significa perder una oportunidad para desarrollar conocimiento y capacidad local (formación de trabajadores) y desarrollar su propio sector tecnológico.

– Los países no podrán exigir que las grandes empresas extranjeras de comercio electrónico tengan presencia física en el país. Esto significa, por un lado, pérdida de empleos, o su precarización mediante la tercerización o contratación de trabajadores autónomos, y por otro que los consumidores no tendrán recurso legal dentro del país para reclamos.

– Tampoco podrán exigir a las empresas cuyos servicios digitales se contratan que abran el código fuente, o que usen software nacional. Esto es particularmente preocupante en el caso de la inteligencia artificial, ya que son sistemas con capacidad de tomar ciertas decisiones autónomamente, mediante algoritmos, que si no se sabe cómo operan, difícilmente se podrá pedir rendición de cuentas por malas decisiones o garantizar que no tengan un sesgo incorporado.

Próximos pasos

En todo caso, por ahora, la apuesta de abrir negociaciones no prosperó. Una mayoría de países en desarrollo, liderados por India y casi toda África, se han negado hoy a que se dé este mandato a la OMC. Es un logro, considerando que las presiones para aceptar fueron muy fuertes.

Pero el tema no termina allí. Otros 70 países (principalmente los que son parte de las negociaciones de TISA, y también Argentina), adoptaron una declaración a favor del comercio electrónico “y las oportunidades que crea para el comercio incluyente y el desarrollo”, donde ponen énfasis en las oportunidades para los MiPYMES; y acuerdan emprender un trabajo en paralelo, a partir del 2018, abierto a todos los países, para “iniciar un trabajo conjunto exploratorio hacia futuras negociaciones en la OMC sobre los aspectos relacionados con el intercambio comercial del comercio electrónico” (traducción libre). Todo indica que es una forma de circunvalar los procedimientos formales de la OMC (donde ya existe un grupo de trabajo sobre comercio electrónico, sin mandato negociador), para volver con fuerza en la OMC con un acuerdo pre-negociado, con los MiPYMES como la carnada para concitar adhesiones.

Al igual que muchos otros temas que se discuten en la OMC, el comercio electrónico (y la nueva economía digital) tiene implicaciones de gran importancia para los derechos humanos, el desarrollo, la justicia social, entre otros. Y estos temas no deben discutirse en espacios cerrados y sin voces de la ciudadanía. Sería un error pensar que la agenda del comercio electrónico es un tema técnico que se puede dejar en manos de “expertos”. El futuro de nuestros países y su desarrollo podría estar fuertemente comprometidos si estas negociaciones prosperan.

Todo indica que son las críticas a propuestas como éstas que Argentina quiso minimizar en las reuniones de esta semana.