Conectar Igualdad y la captura corporativa de las políticas públicas de tecnología educativa

En la última década América Latina ha sido un semillero de programas de tecnología educativa. Ya prácticamente no se cuestiona la pertinencia de estas iniciativas y es difícil para cualquier gobierno cerrarse a la incorporación de tecnología en el aula. Ha habido, sí, bastante variabilidad en la implementación y despliegue de estos programas, lo que muestra que hay más de una forma de llevar a la práctica la inclusión digital desde la educación. Ciertamente, muchas cosas están en debate y es necesario que así sea, porque no podemos darnos el lujo de comprar paquetes tecnológicos prefabricados y descontextualizados de la realidad educativa. Después de 10 años, es posible que la experiencia indique la necesidad de reformular estos programas. Pero lo que nunca se esperó es que hubiera una marcha atrás. Hasta ahora.

Por primera vez un país pone freno a estos avances sin dejar claro qué viene después. La gestión del nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri en Argentina, en medio de despidos masivos en el sector público y del congelamiento de decenas de programas sociales, toma decisiones que hacen peligrar la continuidad del Programa Conectar Igualdad y del sistema Huayra GNU/Linux y también están afectando el funcionamiento del Portal Educ.ar. Paralelamente, Macri estrecha vínculos con Microsoft, Google y Facebook, con cuyos jerarcas se reunió en el Foro de Davos.

No podemos darnos el lujo de comprar paquetes tecnológicos prefabricados y descontextualizados de la realidad educativa.

Mientras se desmantelan programas que han tenido logros sustantivos, ampliamente reconocidos, basados en software libre y tecnologías soberanas, se impulsan acuerdos con corporaciones transnacionales de software privativo con mucho interés en influir en las políticas de inclusión digital y tecnología educativa en toda América Latina.

El Programa Conectar Igualdad (PCI) del Ministerio de Educación funciona desde 2011. Es un programa federal conocido fundamentalmente por la distribución de 5.3 millones de notebooks que se entregaron con un criterio de alcance universal a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Pero esa no es su única función, ya que este tipo de programas dependen fuertemente del despliegue de equipos técnicos territoriales, capacitación y acompañamiento. Sin todo esto, no hay apropiación del programa en las prácticas pedagógicas. Con el despido de unas 1.100 personas empleadas que cumplían muchas de estas tareas, y el posible traspaso del PCI de la esfera federal a la competencia provincial, el futuro del programa es actualmente incierto.

También es incierto el futuro de la distribución GNU/Linux “Huayra”, desarrollada especialmente con propósitos educativos y presente en cada una de las máquinas del PCI. Si bien Huayra convivía con Windows en máquinas de doble booteo, su presencia en cada una de ellas significa la efectiva capacidad de elegir entre un programa privativo y uno que otorga reales libertades a quien lo usa. Sin personal asignado a la continuidad del desarrollo y el soporte técnico de este sistema operativo, sus aplicaciones y su base de conocimiento, lo que se prevé es un próximo “apagón”, cuando dejen de estar disponibles las actualizaciones necesarias para el funcionamiento de las notebooks.

Se impulsan acuerdos con corporaciones transnacionales de software privativo con mucho interés en influir en las políticas de inclusión digital y tecnología educativa.

Por otra parte, todo proyecto de tecnología educativa requiere de contenidos y herramientas que sustenten prácticas educativas innovadoras, y no únicamente la incorporación de nuevo hardware y software. Ese es el sentido del Portal Educ.ar, referente regional en Recursos Educativos Abiertos y uso de licencias Creative Commons para la educación. Miles de recursos generados por expertos y docentes fueron compartidos durante años a través de este portal. Los trabajadores de Educ.ar están denunciando 14 despidos sin causa que los justifique, de empleados que estaban cumpliendo funciones sustantivas en el programa desde hacía varios años.

Como viene sucediendo en todo el sector público desde el inicio de la gestión Macri, los despidos que afectan los programas de tecnología educativa son arbitrarios, sin aviso previo ni justificación, y sin comunicar claramente los planes para el futuro de los programas recortados. Las nuevas autoridades, que accedieron al gobierno anunciando que no tocarían “lo que estaba bien”, lo que venía funcionando y dando resultados, no admiten explícitamente el desmantelamiento. Pero envían señales inquietantes sobre el rumbo futuro de las tecnologías educativas en Argentina.

Las reuniones de Macri en Davos con CEOs de las grandes compañías, particularmente Microsoft, no son un buen augurio. Esta empresa ofrece, junto a su “software gratuito para estudiantes” —gratuito pero evidentemente privativo— todos los servicios de tecnología educativa “llave en mano”. Parece un negocio políticamente redondo: se puede decir que seguirá habiendo notebooks y tecnología en el aula, pero no será necesario mantener ni fortalecer las capacidades técnicas locales. El servicio lo prestará una marca “líder” y no hay nada más de que ocuparse. Puro tecnooptimismo que se extiende a otros ámbitos del Estado con el anuncio de la prueba piloto de Facebook At Work en la administración pública.

Los despidos que afectan los programas de tecnología educativa son arbitrarios, sin aviso previo ni justificación, y sin comunicar claramente los planes para el futuro de los programas recortados.

Pero sin dudas, hay mucho de qué preocuparse. Como lo expresa claramente el comunicado emitido por organizaciones de software libre de Argentina:

“Los estados nacionales no pueden fomentar el uso de sistemas informáticos producidos con software privativo, sobre los cuales los ciudadanos y el mismo Estado no pueden ejercer ningún control efectivo. La firma de convenios con proveedores multinacionales de software privativo significaría una pérdida de capacidad decisoria y un retroceso en materia de educación en tecnologías”.

Debemos comprender que no hay una receta única para el desarrollo de un programa de tecnologías educativas e inclusión digital. Hay más de una forma de llevar la tecnología al aula. Pero las propuestas realmente transformadoras son aquellas que se basan en software libre y conocimiento abierto, que mantienen su independencia en la selección de las tecnologías y que protegen los derechos de docentes y estudiantes sin entregar sus datos a una corporación que se enriquece con ellos. Las soluciones “llave en mano” de las multinacionales desmantelan las capacidades locales y las redes de colaboración que a lo largo de un país sostienen proyectos de apropiación de la tecnología en cada contexto educativo.

El siglo XXI no es el monopolio de un puñado de marcas a las que se les puede confiar la “innovación educativa” en nombre de la eficiencia. El asedio corporativo a los programas de tecnología educativa no sucede únicamente en Argentina, si bien dicho país es un ejemplo dramático de desmantelamiento en favor de las corporaciones. No esperemos que se termine de concretar el viraje a la derecha en todo el continente. Actuemos ahora para promover y defender programas de tecnologías educativas libres y soberanas.