La juventud, el derecho a copia y el derecho a estudiar

El martes 9 de octubre, 2012, miles de estudiantes participaron en una marcha en San José por su derecho a fotocopiar libros de texto con fines educativos.

El descontento se generó por el veto que la presidenta Laura Chinchilla dio al proyecto 17.342 (conocido como “Ley de Fotocopiado”) que busca una reforma a la ley 8.039 de Procedimientos de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual, por considerar que desprotege la obra y la propiedad intelectual de sectores artísticos, literarios y tecnológicos.

Partidarios de la marcha y de la Ley de Fotocopiado señalan que dicha decisión está mediada por presiones de casas editoriales cuyo negocio es la venta de libros a precios altos, por lo cual estiman necesario garantizar la democratización de la educación y el conocimiento mediante la legalización del uso de fotocopias con fines educativos.

El movimiento Fotocopiando para estudiar escribió sobre el veto en una de sus notas en Facebook:

“Es irónico e inconcebible que un país como el nuestro, que es reconocido a nivel internacional como promotor de los Derechos Humanos, niegue a las personas, mediante unas penas y multas altísimas, comparables inclusive con uno de los muchos proyectos de Ley de Tránsito, el acceso a las fuentes de información”.

Además, el movimiento agregó:

“Desde la juventud no podemos quedarnos callados. Debemos exigir a todos los legisladores que hagan un examen de conciencia, que escuchen a las nuevas generaciones y que aprueben nuevamente el Proyecto Fotocopiando para Estudiar de forma unánime. El próximo 9 de octubre los y las jóvenes marcharemos desde distintos rincones del país hacia la Asamblea Legislativa para reclamar nuestros derechos a una educación accesible y de calidad”.

Respecto a una de las motivaciones para la marcha, el blog Liga por la Revolución Socialista publicó:

“La marcha del 9 de octubre, apoyada y convocada en algunos casos hasta por las autoridades (como en la UCR), debería servir como un recurso para relanzar la lucha por el ‘derecho a fotocopiar’ en el marco de la más absoluta independencia respecto a los empresarios, sean grandes como los de las casas editoriales, o ‘pequeños’ como los ‘copistas’”.

La Ley de Fotocopiado ha sido también sujeto de análisis por quienes consideran que la reforma solo atrasa la propuesta de soluciones concretas, reales y a largo plazo que beneficien a la mayoría y no únicamente a los intermediarios.

Carolina Flores explica en su blog Piensa Libre las razones por las que está en contra de la reforma:

“¿Cómo, una defensora del conocimiento abierto, puede oponerse a algo así? La respuesta simple es: porque ese derecho ya existe y constituye una de las excepciones al derecho de autor que nuestra ley contempla. La respuesta complicada es: porque el conocimiento abierto, el software libre y la cultura libre dependen de que se respeten los derechos de autor. También, porque esta reforma de visión cortoplacista desperdicia la oportunidad de enmendar a profundidad las leyes nacionales sobre estos temas”.

Además, ofrece una serie de sugerencias como parte de su propuesta para el manejo del tema, entre las cuales están:

“Las instituciones académicas deben asumir su papel. Les corresponde a estas resolver cómo proveer a los estudiantes de esos materiales en formato digital (por ejemplo), volver a dotar a las bibliotecas de las obras que necesitamos y tener dentro de su marco los centros de fotocopiado trabajando al costo o con ganancias que se destinen a fines que no sean el lucro”.

Además, sostiene:

“El Estado debe asumir su papel y realizar campañas informativas sobre estos temas. En la sociedad de la información y el conocimiento, la propiedad intelectual constituye como nunca antes, una herramienta que todos debemos saber manejar. Estas campañas deben incluir por supuesto, los modelos alternativos que proponen el conocimiento abierto y la cultura libre, de manera que las personas podamos elegir cómo queremos compartir nuestras creaciones, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos”.

Por su parte, Andrés Guadamuz también escribe sobre el tema en su blog Tecnollama:

“Tenemos entonces varios intereses en pugna. La educación superior requiere de acceso a obras de calidad, pero estas van a ser producidas tan solo si los autores y editores tienen la expectativa real de que sus inversiones van a ser recuperadas. El autor tiene tanto derecho a una remuneración justa como el estudiante tiene derecho a tener acceso a textos económicamente accesibles”.

Andrés también escribe sobre alternativas de solución para el problema, entre las cuales señala:

“Un sistema que existe en otros países es el de tener fotocopiadoras automatizadas en bibliotecas en las que la totalidad de fondos es destinada a los autores por medio de sociedades de gestión colectiva. Este sistema tiene la ventaja de permitir a la vez el acceso a textos educativos de forma barata, así como el permitir la justa remuneración para los autores de las obras”.

La marcha transcurrió pacíficamente hasta que llegó a la Asamblea Legislativa, donde hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía.