Cuando lo que se negocia es nuestra privacidad: la Ministerial de la OMC en Buenos Aires

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La realidad en Argentina
Esta semana (10-13 de diciembre 2017), los ministros de comercio de 164 países se reúnen en Buenos Aires para celebrar la Onceava Conferencia Ministerial de la organización mundial del Comercio – OMC – (MC11). El pasado mes de noviembre, el presidente Donald Trump lanzó nuevas acusaciones de trato injusto hacia los EE.UU. por parte de los miembros de la OMC, haciendo prácticamente imposible que los ministros de comercio se levanten de la mesa con los acuerdos en las áreas substanciales.

Para evitar un “fracaso ministerial”, algunos países ven que la solución pasa por obligar a los gobiernos a obtener un mandato para iniciar conversaciones que podrían conducir a una negociación sobre un tratado vinculante para el comercio electrónico y proclamar el éxito del evento declarándolo la “Ministerial Digital”. La presidente argentina de la MC11, Susana Malcorra, impulsa activamente que los estados miembros acepten un mandato sobre comercio electrónico en la OMC, afirmando que es necesario “cerrar la brecha entre los que tienen y los que no tienen”.

No está muy claro qué tipo de brechas Malcorra está tratando de salvar. Seguramente no es la “brecha de conectividad” o “brecha digital”, que actualmente está creciendo entre los países desarrollados y en desarrollo, y que obstaculiza seriamente el aprendizaje y el conocimiento digital en los países en desarrollo. De hecho, la mitad de la humanidad no está aún conectada a Internet, y mucho menos está en condiciones de desarrollar mercados competitivos o entablar negociaciones sobre dichos temas a nivel multilateral. Un acuerdo multilateral aprobando normas vinculantes de comercio electrónico en la OMC sólo ampliaría esa brecha.

Peligrosamente, la “Visión del Sur” del comercio digital en el ámbito del comercio mundial está conformada por una alianza reciente entre los gobiernos y bien conocidos grupos de cabildeo del sector tecnológico, en un grupo llamado Amigos de Comercio Electrónico para el Desarrollo (FED, por sus siglas en inglés), que incluye Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Kenia, México, Nigeria, Pakistán, Sri Lanka, Uruguay, y, más recientemente, China. El FED afirma que el e-commerce es una herramienta para impulsar el crecimiento, reducir la brecha digital, y generar soluciones digitales para países en desarrollo y menos desarrollados. Sin embargo, ninguno de los países del grupo (aparte de China) está liderando o no está ni de lejos listo para estar en condiciones de negociar y defender que las normas vinculantes sobre comercio digital sean favorables para ellos. Sus economías no están ni cerca de una revolución tecnológica.

Por ejemplo, es desconcertante que uno de los defensores más fervientes de la posición del FED sea Costa Rica. La economía del país se basa en la exportación de plátanos, café, frutas tropicales, e instrumentos médicos de baja tecnología, y casi la mitad de su población no está ni siquiera en línea. La mayoría de los países del FED están lejos de ser lo suficientemente potentes como para cambiar la negociación en favor de los pequeños actores.

Gigantes tecnológicos con base en EE.UU., junto a los chinos de Alibaba – los llamados GAFA-A (Google, Amazon, Facebook, Apple – Alibaba) dominan con considerable ventaja el futuro digital en todos sus campos, incluyendo temas tales como identificación y pagos digitales, la conectividad, y la próxima generación de soluciones logísticas. De hecho, hay una carrera descarada en curso entre estos gigantes de la tecnología para consolidar la cuota de mercado en las economías en desarrollo, desde la carrera para hacer crecer el mercado de la publicidad digital a la carrera para multiplicar los pagos en línea.

Imponer una agenda de e-commerce que proclama sin datos de respaldo, un desarrollo sin precedentes para el Sur Global es una jugada de caballo de Troya. Iniciar negociaciones, aún preliminares, en este momento, cuando los gobiernos aún no están preparados para comprender lo que está en juego, podría dar lugar a resultados devastadores, acelerando la liberalización y la consolidación del poder de los gigantes de la tecnología en detrimento de las industrias locales, de los consumidores y de los ciudadanos.

Conscientes del aumento de las disparidades entre el Norte y el Sur, y del dominio de datos por parte de un pequeño grupo de empresas GAFA-A, un grupo de naciones africanas emitieron una declaración oponiéndose a las ambiciones digitales de las compañías del MC11. Pero el panorama político es más complejo, con China, la UE y Rusia apoyando ahora la idea de un mandato “digital”.

Lecciones del pasado, repetir los mismos errores
La relación de la mayoría de los países con empresas de tecnología está tan desequilibrada como la relación con las grandes industrias farmacéuticas (Big Pharma), y hay muchos paralelismos a tener en cuenta. No hace mucho tiempo, los países del Sur Global se enfrentaron al poder de las grandes farmacéuticas de una manera similar. Algunos países en desarrollo demostraron el mismo entusiasmo cuando negociaron las normas de propiedad intelectual para la protección de la innovación y los costos de investigación y desarrollo. En realidad, esos países no eran más que usuarios y consumidores de esa innovación, no sus propietarios o creadores. Las lecciones de haber negociado cuestiones comerciales que situadas en el núcleo interés público – como es el caso del acceso a los medicamentos-, resultaron muy costosas. Cuando se trata de negociar las relaciones cada vez más preocupantes y desiguales con las grandes compañías tecnológicas, no se deben olvidar los derechos fundamentales y las vidas de aquellos que usan las tecnologías.

La amenaza que se presenta ante nosotros es tan compleja como perjudicial: se refiere a la configuración de nuestras sociedades en los próximos años. En el pasado, la carrera del Big Pharma era por la exclusividad de las patentes, para eliminar la producción local de genéricos y para mantener altos los precios de los medicamentos. Hoy, la carrera de las Big Tech es para el extractivismo de datos de aquellos que aún no se han conectado a Internet, y las empresas tecnológicas utilizarán todo el poder que tienen para lograr un régimen global en el que naciones pequeñas no pueden regular ni la extracción de datos ni su localización.

La de las Big Tech es una de las industrias más concentradas y con más recursos de todos los tiempos. El poder de negociación de los países en desarrollo es mínimo frente a ellas. Los países en desarrollo solo estarán asegurándose, básicamente, el derecho a cultivar pequeñas parcelas de una tierra controlada por los grandes señores feudales de los datos – y ésto, bajo sus reglas, su mandato y su voluntad – sin que haya prácticamente supervisión pública. Es mucho lo que está en juego.

En el centro de todo está la carrera para conquistar los mercados de pagos digitales y la batalla para convertirse en la plataforma central a donde fluyan los datos de todos, repartiéndose el territorio como ya lo hicieron los antiguos imperios en el pasado. Como afirmó The Economist del pasado 6 de mayo 2017 “los conflictos por el control del petróleo han dejado cicatrices en el mundo durante décadas. A nadie le preocupa todavía que las guerras se luchen por los datos. Pero la economía de datos tiene el mismo potencial de confrontación”.

Si los países del hemisferio Sur quieren prepararse para librar guerras sobre quién controlará los datos, deberían empezar a pensar en cómo reducir el control de las grandes compañías tecnológicas sobre la forma en que nos comunicamos, compramos, y conocemos las noticias; sobre el control, una vez más, de nuestras sociedades. La solución no radica en establecer reglas para la liberalización de datos, sino en idear formas de utilizar la ley para reducir el poder de las Big Tech y proteger a los consumidores y los ciudadanos.

Encontrar el equilibrio llevará algún tiempo, pero nos tomaremos ese tiempo para encontrar el equilibrio adecuado, puesto que todavía no estamos preparados para asegurar el futuro.

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