Revista Pillku

Procomún y Cultura Libre
América Latina
ISSN 2215-3195

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Semillas criollas

Patentamiento de la semilla: una expropiación de la vida

La declaración del Ministro de agricultura de la Nación del 19 de mayo, acerca de un decreto que establece criterios para el uso de semillas, marca una respuesta al conflicto que se viene dando desde hace unos meses entre medianos y grandes productores rurales y Monsanto. Un análisis de lo que implica la regulación sobre semillas y cuál es la coyuntura nacional en la que se realiza este anuncio.

Foto: Carla Hayet - marcha.org.ar

La agricultura, como su nombre lo indica, es una práctica cultural, esto es, una forma de organizar una producción (la de alimentos) en un determinado marco económico e histórico, pero también una manera de organizar la vida humana. Está compuesta por saberes, costumbres e interacciones. Tiene componentes a muy largo plazo, pero también cambios dinámicos. Ideas universales, pero también localismos que marcan las prácticas.

El interés de Monsanto

Monsanto, una corporación bioquímica, lanzó en el mercado argentino en 1996 una combinación de semilla y herbicida: la soja RR y el herbicida Round UP. Hasta la aparición de la soja RR, los elementos centrales de la agricultura industrial eran las semillas y el resto de los productos (herbicidas, fertilizantes, maquinarias), los accesorios que se intercambiaban según el lugar, el clima y el criterio del productor.

Esta nueva técnica implicó un proceso de cambio en las prácticas agropecuarias, con daños y resistencias, que se reflejan en la dificultad de legalizarlas.

Monsanto rompió esta línea, al establecer un tipo de semillas que se produce en función directa del herbicida empleado. Hasta el Round Up el límite de los herbicidas era la enfermedad o la eliminación del cultivo mismo. Hasta la soja RR la perspectiva del intercambio o de la hibridación de semillas era conseguir plantas más resistentes a los cambios climáticos, a la escasez de agua o a una mejora de la producción. Una modificación genética vino a garantizar, no una planta que diera mejores rendimientos, sino una planta que, en teoría, no tuviera competencia. La siguiente variante, la RR2, incorporó además resistencia a un único potente pesticida.

Esta es la idea “superadora” alrededor del paquete tecnológico de Monsanto. Herbicida + pesticida + semilla resistente (al herbicida + pesticida) + siembra directa + capital es el paquete tecnológico y económico que trata de ganar espacio y, eventualmente, hegemonizar el mercado alimentario mundial. El productor agrícola debe comprar todo el paquete, ya que los elementos sólo funcionan bien si se realizan dentro del conjunto indicado.

Esta nueva técnica implicó un proceso de cambio en las prácticas agropecuarias, con daños y resistencias, que se reflejan en la dificultad de legalizarlas. Los Estados Unidos se valen de un organismo intraestatal, que intenta refrendar los derechos de los obtentores en las legislaciones locales, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), así como otras maneras de lobby o presión que defiende el derecho de sus corporaciones. Los Estados que han asimilado las reglas UPOV requisan las semillas que los productores guardan para la próxima cosecha, o incluso inician juicios a productores en cuyos campos se ha asentado alguna semilla patentada por Monsanto (los documentales El futuro de la comida y 9.70 pueden servir para observar las consecuencias).

La situación local

La práctica agropecuaria en nuestro país ha mantenido, desde la época del Virreinato, una actitud centralizada en la práctica colonial. Los terratenientes y la burguesía local (y desde los años noventa, también medianos productores) han producido centrándose en un producto para la exportación: cueros, carne vacuna, trigo o soja.

Respecto de las oleaginosas, hoy el circuito funciona así: los productores siembran con semilla de la cosecha anterior y si necesitan semillas extras, o cambian de cultivo, se las compran a las empresas semilleras (Don Mario, Cargill, Bunge Born, etc). Luego se guardan una parte de las semillas para la próxima cosecha y entregan el resto a las semilleras, que son las que se encargan de enviarlas al exterior. El gobierno nacional realiza el cobro, se queda con una parte (las retenciones) y paga a las semilleras, que luego pagan a los productores. Por lo general, los productores de soja no compran semillas de Monsanto, sino semilla transgénica de criadores de semilla locales que se venden a menor precio; lo que se conoce como la “bolsa blanca”.

A partir de 2014, Monsanto empezó a vender la soja RR2 e intentó atacar el sistema de bolsa blanca realizando convenios con las semilleras, por los cuales éstas realizan en el momento de la venta un contrato con el productor, que firma que además de pagar por las semillas costeará un canon según el resultado de la cosecha, para reconocer la reproducción de una tecnología desarrollada por Monsanto. Los productores se encuentran entonces, al momento de cobrar, que se les descuenta el costo de las semillas más un extra (unos 14 dólares por bolsa) para el pago de este canon.

Los productores empezaron a quejarse y la Federación Agraria Argentina reclamó la intervención del Estado. En un comunicado observa: “Ninguna excusa será suficiente cuando hayan avanzado hacia patentar nuestra biodiversidad o los alimentos que producimos los agricultores, los campesinos e indígenas, incluso nuestros saberes históricos“.

Pero hace años que FAA no da ninguna pelea por campesino o indígena alguno, al tiempo que sus productores, al igual que los de SRA, CRA o Coninagro, se han apropiado de una dinámica de producción que se ufana y confía ciegamente en un desarrollo tecnológico que avanza fuera de todo control. Lo que, sin embargo, no le quita razón al planteo, incluso desde su propio sector: el patentamiento de las semillas es un avance formidable en el desarrollo capitalista de la agricultura, e implica no solo un mayor nivel de renta para una corporación multinacional, sino también la capacidad de apropiarse y modificar organismos vivos y de lucrar con ellos a su antojo. Y en esto, los productores de FAA también salen perdiendo.

El rol del Estado nacional

Pese a los conflictos de 2008 con las entidades de la Mesa de Enlace, el gobierno nacional nunca dejó de tener una relación cotidiana con la dinámica de los agronegocios. El Ministerio de Agricultura ha sido un campo de batalla para las organizaciones rurales, desde la Sociedad Rural en adelante, para la obtención de recursos y la construcción de legitimidad.

A esto se le suma, en los últimos años, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, con el rol de potenciar las disciplinas científicas ligadas al mundo de la agroindustria, (agrotecnologías, desarrollo de feedlots, ingenería forestal, agrocombustibles, etc) a través de sus dependencias y de convenios realizados con universidades nacionales, permitiendo así a las corporaciones ahorrarse los costos de inversión en investigación y desarrollo. En la misma línea se dio el desplazamiento de Enrique Martínez en el INTI, con una gestión orientada a economía social y los pequeños emprendimientos, por lo que la entidad se corrió hacia políticas más ligadas a la gran empresa.

En junio de 2012, Cristina Fernández se sentó a negociar inversiones en el país con Monsanto, reconociendo la premisa de cambio que demanda la corporación: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes”, comentó la Presidenta. En este mismo evento anunció la apertura de plantas experimentales y de producción (una de ellas es conocida por el rechazo del pueblo donde se asienta, en Malvinas Argentinas, Córdoba).

Estos anuncios, así como las actuales negociaciones con FAA, las semilleras y Monsanto, marcan los privilegios del modelo agroexprotador, que se inscribe en una matriz extractiva y que no puede llevarse adelante sin la destrucción de la biodiversidad, la expoliación de recursos naturales y el desalojo de comunidades originarias con el fin de ampliar los márgenes de rentabilidad. El Plan Estratégico Agroalimentario es una línea clara e indiscutible en ese sentido.

Sobre la Ley de Semillas

El comunicado del Ministerio adelanta que sólo los mayores productores pagarían un canon sobre el resultado de la cosecha, mientras que los pequeños y medianos solo abonarían la semilla. Sin embargo, se establecería un reconocimiento de los derechos de las corporaciones sobre los organismos biológicos y la continuidad de una política que referencia al mundo rural con los productores de mercado, dejando de lado a las comunidades campesinas y continuando con la posición de país productor de materias primas.

Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.

En una excelente síntesis, el documento Declaración sobre Semillas, de la Vía Campesina, observa: “La industria ha ‘mejorado’ las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud. El resultado son semillas que han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos. Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.(…) No debemos equivocarnos. Estamos frente a una guerra por las semillas. Y del resultado depende el futuro de todos y todas”.

Última modificación: 30 de junio de 2015 a las 05:07