Revista Pillku

Procomún y Cultura Libre
América Latina
ISSN 2215-3195

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Vigilancia

EFF, CCJ y Fundación Karisma presentan informe acerca de la protección de los datos en Colombia

Cuando utiliza Internet, confía sus conversaciones, ideas, experiencias, las fotos de los lugares que visita y mucho más a empresas que le brindan acceso a la red como ETB, Claro y Movistar. Estas empresas actúan como intermediarias entre usted e Internet. Pero, ¿de qué manera protegen sus datos?, ¿qué hacen cuando el gobierno exige su información privada?, ¿le notifican sobre estas solicitudes?, ¿sabe usted dónde están sus datos en este momento?

¿Dónde están mis datos?

Así comienza el Informe “¿Dónde están mis datos?” un análisis de las políticas de las principales empresas que dan acceso a Internet en Colombia para determinar cómo están protegiendo la intimidad de sus usuarios y usuarias. Este proyecto hace parte de una iniciativa regional coordinada por Electronic Frontier Foundation (EFF) en cinco países de América Latina y el informe colombiano es el primero en publicarse en la región.

El propósito del lanzamiento de este informe es reunir a los interesados a discutir sobre el papel que los intermediarios de Internet tienen para garantizar la intimidad de los usuarios y usuarias en relación con la gestión de sus datos, los bloqueos de contenidos y la presentación de informes de transparencia.

“Los resultados del análisis reflejan un diagnóstico público que esperamos repetir cada año para que los colombianos y colombianas tomemos decisiones de consumo inteligente”, afirma Carolina Botero, abogada del grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma.

¿Dónde están mis datos? analiza las políticas de las principales empresas que dan acceso a Internet en Colombia (Claro, Telefónica, UNE, ETB, DirecTV) bajo los siguientes criterios de evaluación:

Información acerca de dónde vivimos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros ingresos o nuestros gustos, se encuentra hoy en línea y es administrada por estas compañías.

  1. Publica informes de transparencia: el informe evalúa si las empresas entregan datos sobre los requerimientos de datos personales del gobierno y otra información sensible.
  2. Notifica a los y las usuarias sobre las solicitudes de datos del Gobierno: este es un punto importante porque permite a los y las usuarias enfrentar las decisiones de vigilancia o buscar otros mecanismos de defensa.
  3. Las políticas de protección de datos del PSI son públicas y de fácil acceso para los y las usuarias: aunque existe una obligación legal de publicar la política de privacidad, esto no significa que en la práctica estos documentos sean fáciles de encontrar o que sean comprensibles por los y las usuarias.
  4. Publican manuales de cumplimiento de obligaciones legales que pueden afectar la intimidad de los y las usuarias: es decir, si tiene manuales que indiquen cómo cumplen con su obligación de entregar datos personales de sus clientes a petición de una autoridad competente, por cuánto tiempo retienen esos datos y cómo los eliminan, si es que lo hacen.
  5. Son claros con los y las usuarias sobre las formas en que filtran, retiran o bloquean contenidos y cancelan o suspenden servicios: si bien legalmente deben bloquear contenidos justificados por pornografía infantil e incluso ellos mismos suelen incluir en sus contratos listados de motivaciones para hacer filtrados, bloqueos y retiros de contenidos, se requiere que tengan más claridad con los y las usuarias respecto del por qué y cómo lo hacen, e indiquen qué tipo de acciones pueden realizar cuando consideran que hay abusos.

En este primer informe, se hizo evidente que la compañías escasamente están cumpliendo con la ley en materia de protección de datos personales, pero no han avanzado más allá de eso en una política que busque cuidar los datos y la navegación en Internet de sus clientes.

Información acerca de dónde vivimos, dónde trabajamos, cuáles son nuestros ingresos o nuestros gustos, se encuentra hoy en línea y es administrada por estas compañías. Los intermediarios en Colombia tienen todavía mucho trabajo por hacer para mejorar la transparencia de su gestión frente a los usuarios y usuarias.

Última modificación: 30 de junio de 2015 a las 04:59