Diego Gómez y la importancia de los bienes comunes
María Juliana Soto
En el año 2013 los padres del biólogo Diego Gómez recibieron una llamada de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Diego había iniciado sus estudios de maestría en biodiversidad en Costa Rica y por ese motivo no se encontraba en el país. La notificación era un llamado que la justicia colombiana le hacía a su hijo por el supuesto delito de infracción al derecho de autor.
Esa justicia colombiana que se desdibuja con tanta facilidad ante los carruseles de corrupción que desfilan por los gobiernos regionales y nacionales, la misma que almacena archivos durante años y cuyo acceso está mediado por un lenguaje incomprensible y por los altísimos costos del acompañamiento jurídico, era la justicia que tenía tiempo y recursos para ir detrás de un científico que encontró en Facebook una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia (la universidad pública más importante del país) y decidió subirla nuevamente a una plataforma distinta, una más abierta, para que cualquiera pudiera consultar esa investigación que él había encontrado valiosa, tan valiosa que más gente debería conocerla.
El caso ha sido documentado en muchísimos medios nacionales e internacionales, gracias al esfuerzo que la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil colombiana dedicada a promover y defender los derechos humanos en los entornos digitales, ha adelantado desde junio de 2014, a través de la campaña #CompartirNoEsDelito. La campaña busca visibilizar, a través del caso de Diego, la importancia del Acceso Abierto en la educación, es decir, que los resultados de la investigación científica, especialmente aquella que se financia con recursos públicos, estén disponibles al público en Internet, gratis, a texto completo y con una licencia que permita su reutilización y su comunicación pública.
Que los resultados de la investigación científica, especialmente aquella que se financia con recursos públicos, estén disponibles al público en Internet, gratis, a texto completo y con una licencia que permita su reutilización.
Paradójicamente, un par de años después la Universidad Nacional adoptó una política de acceso abierto y ahora los autores de las tesis de posgrado tienen la posibilidad de licenciar sus obras con una licencia creative commons para que sean parte del repositorio institucional de la universidad. Paradójico porque ocurrió después de que el caso de Diego ya había avanzado en los juzgados.
Escribo esta nota mientras regreso de la Conferencia Mundial del proyecto Creative Commons (#CCsummit15) que se realizó en Seúl, Corea, justo en la misma semana en la que se llevaba a cabo una nueva audiencia en el caso de Diego, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Mientras al otro lado del pacífico una comunidad global celebraba los 10 años que ha trabajado para que Internet sea un espacio de creación, abierto y accesible para todas y todos, en Colombia un juez recibía las pruebas en contra de Diego.
En la conferencia, Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, dejaba su cargo como coordinadora para América Latina del proyecto Creative Commons, recordándole a la comunidad de académicos, activistas, abogados, artistas y técnicos que hacen parte del corazón de Creative Commons, la importancia de volver a trabajar con las comunidades de creadores, entendiendo esta palabra en un sentido amplio, que incluso abarca a las y los científicos que, como Diego, buscan compartir el conocimiento.
En su impecable discurso, Carolina hizo énfasis en que el valor de un proyecto como Creative Commons, depende en gran medida de lograr mantener ese contacto vivo, vigente y real. ¿Qué significa eso? Que las y los coordinadores del proyecto, de los más de 100 afiliados en el mundo, estén atentos a lo que sus contextos demandan y a la diversidad que lo compone. En este caso, una de las demandas es una posición política frente a las reformas al derecho de autor que están ocurriendo en todo el mundo, especialmente a través de acuerdos internacionales como el TPP. También lo dijo Julia Reda, congresista alemana que detuvo la llamada #LeyPanorama, y que, desde mi punto de vista fue la invitada más sobresaliente del CCSummit15: “ustedes son la comunidad llamada a participar activamente en estos debates“.
En Colombia, la reforma al derecho de autor es una obligación pendiente tras la firma del TLC con Estados Unidos. Por eso hemos visto cuatro intentos de reforma que los cibernautas bautizamos bajo la etiqueta de #LeyLleras y cuyo costo político se elevó tanto (tiene el apellido del vicepresidente del país) que el proceso de una quinta Ley Lleras, está parado hace más de un año.
En la charla que coordinó la Electronic Frontier Foundation en el CCSummit15, una de las líderes públicas del proyecto CC en Europa, preguntaba si no deberíamos tener un rol más proactivo frente a las reformas al derecho de autor y no solo reaccionar cuando puede ser demasiado tarde. La charla de la EFF se centró en la estrategia de incidencia política que vienen realizando a propósito del TPP (un tratado de libre comercio entre EEUU, China y otros países del pacífico como México, Perú y Chile) que se negoció en secreto y que contiene capítulos tan importante como Telecomunicaciones, Desarrollo y Propiedad Intelectual. Una tratado que tarde o temprano llegará también al congreso colombiano, pero sin una verdadera opción de análisis y contextualización. En palabras de Claudio Ruíz, quien ha liderado desde la ONG chilena Derechos Digitales la campaña TPP Abierto, este tipo de acuerdos simplemente cierran las discusiones, nos quitan la posibilidad de debatir.
En Colombia, Karisma junto a la Fundación para la Libertad de Prensa, presentaron en diciembre de 2014 (en un evento al que asistieron representantes de gobierno nacional), un documento de recomendaciones para una ley de reforma al derecho de autor desde una perspectiva de derechos humanos. El documento estuvo abierto a comentarios y fue consolidado en marzo de 2015. Ha pasado casi un año y aún no hay ningún comentario del gobierno al respecto. Si Colombia no ha firmado el TPP y además tiene pendiente hacer una reforma para cumplir una obligación con un socio comercial, esta es la oportunidad que la sociedad civil encontró para ser proactiva.
Cuando el gobierno presentó al congreso las diferentes versiones de la #LeyLleras, muchos nos decían que nada iba a pasar, que no iban a meter a nadie a la cárcel por infringir el derecho de autor en Colombia. Desde hace dos años Diego Gómez enfrenta un proceso penal en su contra, que no solo puede significarle una multa millonaria, sino que arriesga incluso, su libertad.
Cuando comenzó la campaña #CompartirNoEsDelito, Diego decidió liberar bajo una licencia creative commons su set de fotografías en Flickr, dedicado a la biodiversidad. Una hermosa galería que hoy hace parte de los bienes comunes que compartimos en Internet.
En un país como Colombia, en donde el acceso a la educación superior privada es un privilegio y el acceso a la educación superior pública, una oportunidad para un grupo muy reducido, decidir compartir conocimiento y recursos educativos debería ser la regla y no la excepción. El proceso de Diego continuará en febrero, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá esta vez para presentar las pruebas que demuestran su inocencia.
Casi un año y medio después de haber enviado el primer tweet sobre #CompartirNoEsDelito, aún resuenan los ecos de una campaña que despertó el interés por un debate que tenemos pendiente: el equilibrio que debe existir entre derechos que están en constante tensión, los derechos de autor y el derecho al acceso al conocimiento. Estos ecos siguen sonando gracias a la campaña de la Electronic Frontier Foundation “Unámonos para promover el acceso abierto en todo el mundo” y al apoyo de organizaciones como Open Access Button, que cuenta con una interesante herramienta para buscar artículos académicos que circulen en Acceso Abierto (se instala como un complemento en su navegador).
Los bienes comunes no viven únicamente en las plataformas digitales que los alojan, sino en las experiencias que surgen a través de ellos, en las discusiones que suscitan, en los proyectos que se emprenden para crearlos o recrearlos, en los festivales en donde la gente se encuentra para compartir y aprender más sobre ellos. Los bienes comunes son una de esas pocas oportunidades que el capitalismo neoliberal nos deja, hoy en día, para imaginarnos como una sociedad justa, creativa y solidaria.
Notas:
Bibliografía:
Botero, Carolina, 2015, “Closing Kyenote”. Creative Commons Summit 2015.
Tarkowski, Alek, 2015, “Creative Commons Summit: next steps in copyright reform”. www.communia-association.org/2015/11/03/creative-commons-summit-next-steps-in-copyright-reform/. Consultada 23 de noviembre de 2015.
Blog campaña #CompartirNoEsDelito. https://www.karisma.org.co/compartirnoesdelito/. Consultado 23 de noviembre de 2015.
